El nuevo presidente retrocede y, al menos por ahora, no habrá total libertad para utilizar las lenguas cooficiales como durante el primer día
La nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, está dispuesta a ser muy flexible a la hora de aceptar que los diputados pertenecientes a comunidades con lengua cooficial se expresen en catalán, gallego, vasco o valencianopero al menos por el momento no habrá la barra abierta que dio a entender en su primer discurso ante la Cámara tras ser elegido como tercera autoridad del Estado.
Así lo explicó ayer en la sesión inaugural de la Legislatura realizada por la Mesa del Congreso. Una fecha en la que Armengol rectificó dando marcha atrás y aclarando que con el anuncio que hizo el jueves, asegurando que el uso de los idiomas cooficiales en la Cámara sería inmediato, lo que pretendía expresar era solo un “compromiso” pero no una decisión unilateral como los representantes de le reprochaba el PP, para quien la presidenta no puede simplemente cambiar las reglas de funcionamiento que han seguido todos sus antecesores. Además, urgida a hacerlo, Armengol no pudo citar el artículo del Reglamento en el que supuestamente sustentaba la decisión que explicitó ante el Pleno.
En ese sentido, la presidenta del Congreso sostiene ahora que emprenderá consultas y conversaciones con todos los grupos de la Cámara para medir el alcance de su propuesta y, además, le solicitará los informes jurídicos y técnicos oportunos para valorar hasta dónde puede hacerse realidad. En una conversación informal con periodistas, aseguró que su intención en este tema es “buscar el consenso” y la “eficiencia técnica”.
Lo cierto es que ampliar el uso de idiomas en una institución como el Congreso de los Diputados es una tarea compleja que va más allá de planificar un servicio de traducción simultánea.
Las fuentes parlamentarias consultadas coinciden en señalar la imposibilidad práctica de extender el libre uso de las lenguas cooficiales a todo el proceso legislativo. Señalan, sin embargo, que sería factible diseñar un sistema similar al practicado en el Senadola cámara de representación territorial, donde los senadores pueden presentar y debatir mociones o propuestas no legales en los idiomas de sus respectivas comunidades pero, por ejemplo, no está permitido utilizarlas, más allá de unas pocas oraciones, en una sesión de control en Gobierno o en pleno debate.
En este sentido, el letrado de las Cortes, Manuel Fernández-Fontecha, explicó en una entrevista en RNE que el uso generalizado de las lenguas cooficiales necesitará regulación para garantizar los derechos de los diputados que no las conocen. A su juicio, hay que tener en cuenta que de lo que se trata es del uso de diferentes lenguas en un “procedimiento de derecho público, como es el procedimiento parlamentario”. En definitiva, sería necesario combinar el derecho a utilizar la lengua cooficial con el derecho de los diputados que no la conocen a comprender plenamente lo que se dice. Si esto no se garantiza, según Fernández-Fontecha “se podría incurrir en un defecto de procedimiento en el que no se realizaría un debate adecuado, porque hay una parte que no entendería a la otra” y se incurriría en “impotencia». Este abogado considera que el asunto debe sustanciarse con una reforma del Reglamento del Congreso o con una resolución de Presidencia que cuente con el aval de la Junta de Portavoces.
Fuentes parlamentarias consultadas por este periódico también señalan la circunstancia de que las lenguas cooficiales están en sus respectivos territorios pero no en el resto del Estado e insisten en que la práctica histórica en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, es el de expresarse, con pocas excepciones, en el idioma que la Constitución reconoce como oficial para todo el país.