Esta sentencia confirma la obligación de enseñar el 25% del español en las aulas. Hay que recordar que este caso se produce después de que el gobierno catalán aprobara una ley que anulaba los porcentajes en materia lingüística.
Por su parte, la ministra de Educación de la Generalitat, Anna Simóha anunciado que presentará una apelación ante el Tribunal Supremo por esta sentencia, al tiempo que insiste en que “el TSJC se excede en sus funciones”. En las declaraciones que realizó a los medios tras su asistencia a un acto en Sabadell, Simó afirmó que el TSJC “no ha modificado ni un ápice” su postura respecto a las anteriores medidas cautelares.
“Van lo que van”
Anna Simó ha declarado que al TSJC no le importa la leyes educativaspedagogía y sociolingüística, pero “hacen lo que hacen. Intentan actuar como Parlamento, como Ministerio y como directores de centro”. no es el camino“, explicó, al tiempo que consideró que actúa con parcialidad política.
Además, considera que la función del TSJC no es “actuar como Departamento, tomar decisiones pedagógicas o sociolingüísticas”. Afirma que su departamento estará ahí para garantizar que los alumnos, al finalizar la etapa de la ESO, tengan buen dominio de los idiomas oficiales. También insiste en que la Generalitat no está politizando la educación, pero sí quienes la judicializan.
Junts critica que los jueces actúen como “pedagogos”
El presidente de Juntos, Laura Borrásha criticado, tras conocer este caso, que Los jueces actúan como “pedagogos”.“. “Ya hemos visto a jueces jugando a los políticos. Ahora también actúan como educadores. Los tribunales deben garantizar el cumplimiento de las leyes, no decidir la política lingüística en las aulas”, afirmó en ‘X’.