Se les acusa de coacción, extorsión, falsedad, fraude, prevaricación, cohecho y financiación ilegal de un partido político.
Un empresario ha presentado una denuncia ante la Corte Suprema contra los diputados del Congreso, Gerardo Pisarello y Eloi Bada y el expresidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaime Asenspor los delitos de coacción, extorsión, falsedad, estafa, prevaricación, cohecho y financiación ilegal de un partido político.
De acuerdo con lo dispuesto en la reclamada Ley 2/2023, que protege a las personas que denuncien actos de corrupción política, el empresario y fundador del extinto parque temático deportivo Campamento abierto y actual director de Innovación Gaudí, francisco medina, ha presentado la denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior. Para el denunciante, los ex tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello y Jaume Asens, así como el concejal de Presidencia, Eloi Badia, “instrumentalizaron” a la empresa municipal BSM y al Comisionado Municipal de Deportes y elaboraron “un plan “para “detener la actividad” e “impedir la viabilidad comercial” del parque temático Open Camp.
El empresario explica que puso en marcha el primer parque temático del mundo dedicado al universo del deporte, situado en el Anillo Olímpico de Barcelona, entre junio de 2016 y julio de 2017. “Con la voluntad compartida de hacer el primer parque temático del mundo mundo dedicado a estar ubicado en Barcelona, el 25 de junio de 2014, la empresa municipal BSM celebró con el empresario Open Camp el contrato de alquiler necesario para la cesión del uso y gestión del Estadio Olímpico y de la Explanada del Anillo Olímpico, por un período de 230 días al año durante 5 años”, afirma la denuncia.
En este marco, las empresas BSM y Open Camp impulsaron conjuntamente un desarrollo comercial compartido “desde poder cobrar una entrada hasta acceder y disfrutar de las instalaciones olímpicas reposicionadas como el primer parque temático del mundo dedicado al deporte” gracias a la inversión inicial de 7,6 millones de euros realizada por la empresa Medina. Sin embargo, según el empresario, como consecuencia de las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona cambió radicalmente de rumbo político y quedó integrado por los concejales de la organización Barcelona En Comn Podem y que acabó liderando arruinar el proyecto.
El exfundador de Open Camp sostiene que los imputados “promoveron y ordenaron la comisión de una batería premeditada de actos intimidatorios, fraudulentos e ilícitos encaminados a alterar y subvertir el funcionamiento y la viabilidad comercial” del parque temático con la intención de ponerle fin. eludiendo las consiguientes indemnizaciones económicas derivadas de los graves daños y perjuicios que sabían que se iban a causar a decenas de empresas promotoras y proveedoras así como a los cientos de trabajadores desalojados.
Por otra parte, el querellante afirma que, “abusando de su condición de autoridades públicas, los nuevos dirigentes políticos municipales obligaron a la empresa Open Camp a implementar una serie de exigencias funcionales y comerciales arbitrarias, so pena de paralizar el parque al negarle las autorizaciones necesarias y permisos municipales necesarios para poder producir y poner en funcionamiento el parque temático en tiempo y forma” y que, además, condicionó “la imprescindible colaboración institucional al cumplimiento y asunción de las abusivas y arbitrarias imposiciones extractivas exigidas”. Como supuesto resultado de esta actividad política, se produjo “el colapso total y absoluto del modelo empresarial concertado” hasta la quiebra de la empresa.
Por su parte, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha notificado al fiscal antes de admitir o rechazar a trámite esta denuncia. Según fuentes jurídicas EL MUNDOel Ministerio Público se ha posicionado a favor de rechazarlo.