Se trata de una cifra “muy significativa” que podría superar las 200.000 personas, según Ángel Gabilondo, que reclama un fondo estatal para indemnizar a las víctimas.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado al Recortes generales -el día 2 se hará lo mismo con el Gobierno- el informe sobre abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica a menores.
La encuesta que acompaña al documento, realizada por gad3 entre 8.000 personas, arroja un resultado demoledor: el 0,6% de la población mayor de 18 años afirma haber sido víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote o religioso. Esto representa aproximadamente una cifra “muy significativa” que podría superar las 200.000 personas.
Gabilondo ha explicado que no todos los establecimientos y organizaciones religiosas han cooperado en la misma medida pero ha insistido en que cree que se han dado cuenta de que “el mayor escándalo sería no colaborar”. La mayoría ha optado por desarrollar procedimientos de prevención pero se ha mostrado más reticente a la hora de facilitar información sobre los casos ocurridos. Confía en que haya un cambio de actitud en la Iglesia e insiste en que “las víctimas no pueden esperar más”. La unidad de investigación de abusos ha entrevistado personalmente a 457 víctimas que han brindado testimonio.
En este sentido, el informe del Defensor del Pueblo propone la creación de un fondo estatal para cubrir las indemnizaciones que correspondan a las víctimas. En este fondo, la Iglesia debe hacer una contribución significativa. “Es inevitable que la Iglesia colabore”, ha afirmado Gabilondo, que ha dejado en manos del Parlamento la aprobación y articulación del fondo. El Defensor propone también realizar un gran acto público para reconocer a las víctimas y pide a la Iglesia que permita el acceso a los datos incluidos en sus archivos así como la posibilidad de proceder a una reforma del Derecho Canónico.
Ángel Gabilondo ha insistido en que el drama de los abusos “ha sido posible porque hubo silencio por parte de quienes podrían haberlo impedido y no lo hicieron”. “Este informe -añadió- responde a lo que quieren las víctimas, ellas son el sentido primero, central y último del mismo. Quieren ser escuchadas y atendidas”.
“Hemos conocido -ha explicado- el sentimiento de soledad de muchas personas que han sufrido una victimización secundaria por la respuesta de la Iglesia, de la sociedad y de la propia Justicia”.
El Defensor del Pueblo ha asegurado que la unidad de actuación que ha investigado este asunto no pretendía hacer una estimación del número de víctimas y ha apuntado que muchas han optado por el silencio voluntario o ya han desaparecido. El informe no pretende dictar lo que se debe hacer, sino que ofrece conclusiones y recomendaciones para decisiones y medidas para abordar el “impacto devastador que el abuso ha tenido en las vidas de personas específicas”.
Gabilondo también ha insistido en la necesidad de establecer un procedimiento administrativo específico que garantice el derecho de las víctimas a la justicia, para que una autoridad independiente declare que se ha producido un hecho, que es injusto y que ha causado un daño que no haría. tener que aguantar.
La encuesta realizada por Gad 3 y adjunta al informe indica que el 72% de los españoles considera que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y el 24% lo considera bastante grave y la tasa de personas de la población total que dice tener sufrido a manos de un sacerdote es del 0,6% y del 1,3% en el ámbito religioso.