“Una nueva oportunidad para empezar de cero”. Así siente una pareja de jubilados que un juez los ha liberado de hacer frente a la “factura de pagos” en que se había convertido su vida. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia les ha exonerado de pagar una deuda que habían contraído tras pedir una decena de préstamos bancarios para pagar tratamientos médicos de los que la Seguridad Social no se hacía cargo.
Según los abogados de la Asociación de Asistencia a la Deuda, que han llevado el caso de este matrimonio valenciano durante los seis meses que ha durado el “complejo” procedimiento judicial, los deudores acumularon hasta trece créditos que alcanzaron un valor total de 147.836,69 €.
“Son dos jubilados que no han podido disfrutar de su pensión hasta ahora”, explican. “La Seguridad Social no se hace cargo de todos los tratamientos médicos que requieren los pacientes, sobre todo cuando se trata de enfermedades graves”, dicen los abogados, quienes sostienen que “las cinco operaciones graves de la mujer y los medicamentos que tomaron ambas para distintas dolencias, que sobre todo emocionalmentey los han tenido sin fuerzas por añoslos desencadenó a tener que pedir préstamos bancarios».
Ante la situación de que tenían que pedir nuevos préstamos para pagar los más antiguos y que la ‘bola’ no paraba de crecer, decidieron llevar a cabo el proceso judicial en diciembre de 2022 para intentar rebajar las cuotas que pagaban cada mes. Los abogados reconocen “siendo realistas” que existía la posibilidad de que el juez no perdonara la deuda contraída ya que la pareja es propietaria de una vivienda.
«tener una casa embargada. Si el magistrado tasara la vivienda por encima del saldo pendiente de la hipoteca, habría que asumir una pequeña parte de los créditos en un plan de pagos”, dice Andrea Olcina, abogada de la asociación en Valencia. Finalmente, los letrados lograron justificar que la casa se puede vender por menos de la cantidad restante, lo que ha sido suficiente para que la Corte condone los trece préstamos a los jubilados, siempre y cuando sigan pagando la deuda hipotecaria de la vivienda.
Esta liberación judicial de la pareja de jubilados valencianos se basa en la Ley de la Segunda Oportunidad, que presenta una serie de requisitos para calificar que han cambiado con la reforma concursal. Estos parámetros son: la insolvencia del interesado, no haber estado en quiebra en los últimos cinco años y carecer de delitos de carácter socioeconómico.
Una vez verificados estos presupuestos, el 17 de julio se emitió la resolución final, otorgando la BEPI (Beneficio de exención de responsabilidad no satisfecho), lo que ha supuesto dejar libre a esta pareja para pagar 147.836,69 euros y poder mantener su vivienda como propiedad. “Casi 190 exoneraciones obtenidas durante 2023 han demostrado la importancia de este procedimiento ante el aumento de la insolvencia en España”, defienden desde la Asociación Asistencia a la Deuda.