Un informe de la Comisaría General de Información concluye que no hay indicios de que los exdirigentes de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’, y Aitzol Iriondo, alias ‘Gurbitz’, tuvieran el mando en la plaza cuando la banda terrorista llevó a cabo el atentado contra la oficina móvil de la DNI en la localidad navarra de Sangüesa que asesinó a dos policías en mayo de 2003. “No se han encontrado datos suficientes para afirmar o excluir una participación material en el ataque, aunque pudiera ser posible”, señala.
El trabajo, presentado el pasado mes de septiembre ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, se produce tras la admisión de una querella de Dignidad y Justicia que pretendía esclarecer responsabilidades en la Zuba o comité ejecutivo de ETA por esos dos asesinatos. La denuncia apuntaba a una decena de altos cargos de la banda terrorista, entre los que se encontraba Txeroki, y el juez instruyó a la Comisaría General de Información para que informara sobre el grado de participación de cada uno de ellos.
«Debemos concluir que, a pesar de que Garikoitz Aspiazu inició su ascenso dentro del Aparato Militar en 2004, del que llegó a ser máximo responsable y miembro destacado del Comité Ejecutivo, en el periodo en el que se produjeron los hechos en cuestión ocurrido en este procedimiento, en 2003, no consta que ocupara esos puestos de máxima responsabilidad”, sin embargo, apunta el análisis policial, que sitúa a Txeroki en aquel momento como “uno de los responsables del Subpárrafo de Formación encargado de la formación los nuevos militantes de ETA.
Algo parecido ocurre con Iriondo. Hay constancia de que a partir de ese momento “comenzó a tener mayor responsabilidad dentro del Aparato Militar, convirtiéndose en uno de los responsables más importantes del mismo”. “Sin embargo”, dice el informe, “al igual que le ocurrió a Garikoitz Aspiazu, durante el año 2003, que es cuando se produjeron los hechos, estaba encuadrado en el Aparato Militar pero todavía no ostentaba altos cargos en él ni más mandos operativos, por lo que no hay datos de que en 2003 ocupara un puesto de responsabilidad en la ZUBA”, señala.
Sí, en ese órgano de decisión estaban -cabe recordar que las fuerzas policiales definen al grupo terrorista como una estructura jerárquica, piramidal y paramilitar donde todo se controla desde arriba- Juan Fernández Iradi, ‘Susper’; Gorka Palacios, ‘Nagi’; Félix Ignacio Esparza, ‘Ana’; Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’; Ramón Sagarzazu, ‘Ramontxo’; Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’; e Ignacio López de Vergara, ‘Ibes’.
«Estructura casi militar»
De los siete, el informe recoge las pruebas obtenidas bien de sentencias que ya son firmes, bien de la documentación (los sellos) enviada por Francia como resultado de años de lucha antiterrorista, para asegurar que estaban en la Zuba de ETA cuando En mayo de 2003, la organización atacó la oficina móvil de la DNI en Sangüesa.
En aquel momento, según detalla, ETA se estructuraba en seis aparatos: Militar, Logístico, Político, Internacional, Financiero y Recepción. «Los miembros de Zuba mantuvieron correspondencia al menos con los principales responsables de dichas estructuras en un número no constante, añadiendo ocasionalmente también algún otro militante, ya sea porque mantenían ascendencia sobre determinada subestructura importante, ya sea por su destacada trayectoria de militancia, aunque en la mayoría de estos casos se desconoce su identidad”, explica.
Los siete señalados ocuparon puestos de responsabilidad en estas distintas unidades, conformando así un comité ejecutivo del que emanaban órdenes e instrucciones que, según la Policía, “fueron cumplidas en el convencimiento de que no era una orden personal, sino que respondía a a un plan elaborado por el jefe de la organización, esa junta directiva que era el Comité Ejecutivo”.