La petición del Gobierno de oficializar las tres lenguas en Bruselas se enfrenta a numerosas complicaciones
El camino para incorporar el catalán, el gallego y el euskera a la lista de lenguas oficiales de la UE está lleno de obstáculos. La medición precisa de la unanimidad de los 27 Estados miembros exige un cambio de regulación y abre la duda de cómo se sufragará el billete millonario. De consumarse, España pasaría a ostentar cuatro idiomas en las instituciones europeas, mientras que, por ejemplo, el luxemburgués, oficial en el gran ducado, ni siquiera tiene tal estatus.
El tema de los idiomas es un tema muy sensible en la capital comunitaria. En 2005, España e Italia entraron en batalla tras la decisión de la Comisión Europea de reducir las traducciones. Un movimiento que leyeron como una victoria del trilingüismo hegemónico inglés, francés y alemán imperante en el barrio de Schuman. Doce años después, el comisario francés Pierre Moscovici se jactó de que el francés sería el idioma oficial de la UE después del Brexit.
Con la salida del Reino Unido, el inglés siguió siendo uno de los 24 idiomas oficiales del bloque comunitario. El idioma de Shakespeare es también el idioma nacional en Malta e Irlanda. Y para eliminarlo, además de incorporar uno nuevo, es necesario reformar el Reglamento 1/58 y contar con el apoyo del resto de socios europeos.
lenguas nacionales
¿Cuáles son los precedentes? Lo que propone el Gobierno español en funciones perfila un caso sin precedentes en la UE desde muchos ángulos. Bruselas comenzó a construir su Torre de Babel en 1958 con cuatro idiomas (francés, alemán, italiano y holandés). El resto se ha ido incorporando paulatinamente, coincidiendo con la entrada de los pases en la manzana comunitaria. La única excepción es el irlandés, que no se estudió tras la entrada de Dublín -en 1973-, sino en 2005. Aunque no fue hasta el año pasado cuando el galo obtuvo el estatus de pleno derecho por falta de recursos.
El irlandés, como el maltés, son idiomas nacionales, no regionales. Por lo tanto, la petición española es un caso sui generis. Según datos de la Comisión Europea, en el conjunto de la UE se hablan unas 60 lenguas minoritarias y regionales. Incorporar algunos de ellos amenaza con abrir una poco apetecible caja de Pandora europea en muchas capitales. Países como Francia no tienen interés en un efecto rebote. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha trabajado duro para defender la supremacía de los franceses. Hace unos años, de paso por Crsica, zanjó el debate sobre las aspiraciones cooficiales del corso: Sólo hay una lengua oficial, el sedimento de nuestra nación.
La incorporación de las tres lenguas cooficiales en España deberá aprobarse por unanimidad, tal y como establece el artículo 342 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Y puede convertirse en un comercializador en el juego tradicional de los intereses nacionales. Todo en la UE se negocia. Nada es gratis. Algunos países pueden exigir perfectamente a España concesiones en pesca, agricultura, energía, transporte o citas, aventuró en las redes sociales Diego Canga, que ahora dirige el PP en Asturias tras haber sido letrado del Servicio Jurídico del Consejo de la UE.
La primera toma de temperatura entre los Veintisiete se realizará el 19 de septiembre en el Consejo de Asuntos Generales. España, que ostenta la Presidencia de turno del Consejo, quiere introducir este como uno de los debates fuertes de esa reunión.
Veinticuatro
¿Quién paga la factura de los nuevos idiomas? Los 24 idiomas oficiales permiten un total de 552 combinaciones posibles. El traslado de interpretaciones simultáneas en plenario, en ruedas de prensa o la traducción de cientos de miles de documentos hacen de la UE la meca de los intérpretes. El proyecto comunitario es la organización internacional con más lenguas oficiales, multiplicando por cuatro a la de la ONU. Pero esto a su vez conlleva un gran esfuerzo económico. En 2012, la Comisión Europea cuantificó el coste total de traducción e interpretación en unos 1.000 millones de euros anuales. Si la petición española prospera, el país está llamado a asumir buena parte de la factura asociada a los tres nuevos idiomas.
A los nada despreciables retos de la unanimidad y la carga financiera, se suma el reto logístico. Irlanda tardó 17 años en proclamar el irlandés como lengua oficial de la UE a todos los efectos. ¿La razón? La escasez de personal cualificado ante una lengua propia de menos de 100.000 personas, escenario que, aunque a menor escala, podría replicarse en el caso del catalán, el gallego y el euskera.
Finalmente, está el marco europeo. La Presidencia española de la UE se inició en un contexto de campaña preelectoral. Va camino de cerrar su segundo mes en medio de las complejas negociaciones para la formación del Gobierno. España está distraída, con las energías centradas en Madrid más que en Bruselas, lo que podría empañar su imagen en la capital comunitaria y ralentizar el cierre de asuntos pendientes. Y el hecho de trasladar los debates nacionales al ámbito comunitario no es un buen punto de partida.