La Guardia Civil ha investigado 22 personas naturales y ocho personas jurídicas por fraude en la recaudación de subvenciones de la Unión Europea, vinculadas a la salud y el bienestar animal, presuntamente en connivencia con personal de la Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
A los investigados se les acusa de varios delitos de fraude en subvenciones, Prevaricación administrativa, falsificación documental y fraude. Según ha informado este miércoles el instituto armado, han detectado «irregularidades«en la recaudación de estas ayudas por parte de los ganaderos de las provincias de Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, Salamanca y Cantabria.
La Benemérita estima que el beneficio económico obtenido rondaría el “el millón de euros” y la investigación patrimonial llevada a cabo paralelamente ha culminado con la creación de un inventario judicial compuesto por 96 propiedades, que han sido congelados a los investigados por un valorado en más de cuatro millones de euros“con el objetivo de hacer frente a las responsabilidades económicas derivadas de la comisión de delitos.”
Operación ‘Pacquiao’
Las investigaciones en el llamado Operación ‘Pacquiao’comenzó en junio de 2022, cuando se conoció la existencia de un complot que falsearía las condiciones necesarias para “la obtención ilícita” de una serie de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), según las mismas fuentes.
El objetivo de esta ayuda “esingresos de apoyo de agricultores y ganaderos para hacer la agricultura rentable y garantizar la producción de alimentos seguros, han detallado. Los derechos a estas ayudas son otorgados por “la administración autonómica competente” y deben referirse a un terreno y a una actividad a desarrollar en dicho terreno.
En concreto, las ayudas analizadas en esta operación fueron concedidas “al amparo del pasto con animales de sacrificio« (destinados al consumo humano) en pastos asignados a cada solicitante. 45.000 euros de beneficio por agricultor al año
Los ganaderos investigados solicitaron la ayuda de la CAP simulando la realización de este pastoreo en diferentes territorios situados en la provincia de Palencia. Los citados profesionales poseían explotaciones ganaderas intensivas, “cuya finalidad era engordar a los animales en el menor tiempo posible”, por lo que estos animales “Nunca llegaron a pastar en las tierras que estaban sujetas a las ayudas”han indicado desde la Guardia Civil.
45.000 euros por agricultor
Los ganaderos involucrados “recibían una cantidad anual ilícita que rondaba 45.000 euros por agricultor«, para simular el pastoreo en tierra cuando, en realidad, el ganado Nunca abandonó las granjas intensivas. Los agentes también han podido demostrar que los pastos para los que se recibieron las ayudas de la PAC eran “reasignados ilícitamente a ganaderos del sur de España”, los cuales tenían ganado en venta que trasladaron a los citados pastos para realizar la trashumancia.
De esta manera se obtuvo «un doble beneficio ilícito de los pastos»los cuales fueron documentados a los ganaderos solicitantes de la PAC, para recibir las ayudas, pero en realidad fueron aprovechados por otros ganaderos que tuvieron que pagar por su uso.
Este fraude “fue liderado por el jefe de la Sección Agraria Regional (SAC)«, según indica la Guardia Civil, que concluye que »se encargó, en primera persona, de la validación y gestión de los diferentes expedientes fraudulentos« y »Ignoré las advertencias de los técnicos de su Administración.”
Coincide que el veterinario encargado de la inspección del ganado era la “pareja sentimental del mencionado jefe de la SAC”, quien “no realizó sin inspección de campo«, en el período durante el cual se cometieron los delitos investigados, a pesar de la »existencia de multitud de condiciones de riesgo«.
parcela familiar
Además, el presidente de la Junta Vecinal, hermano del titular de la SAC, emitió «certificados de uso de pastos fraudulentos» (documento oficial obligatorio para solicitar ayudas), han apuntado las mismas fuentes.
Por otro lado, una serie de personas relacionadas a nivel personal con la figura del titular de la SAC y vinculadas a una asociación de defensa del ganado, Fueron los encargados de conseguir a los ganaderos que solicitaban ayuda, en diferentes provincias, realizando de primera mano los trámites necesarios para que los ganaderos obtuvieran la ayuda. “beneficio ilícito”.
Esta operación, la primera que realiza una unidad del Seprona con el Fiscalía Europea, fue desarrollado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA). En él colaboró la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Palencia.
La ministra de Agricultura se pronunció sobre este asunto en el último pleno de las Cortes, Gerardo Duenasquien aseguró que su departamento estaba colaborando con la Fiscalía Europea para esclarecer las ayudas de la PAC.
Dueñas prefirió en ese momento ser “breve y riguroso” con una respuesta “breve y sin ningún tipo de valoración” a la pregunta de un abogado socialista para no interferir en la investigación