Afirman que amnistiar a los líderes del proceso “significa generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus crímenes”.
Ocho vocales de Consejo General del Poder Judicial Le han pedido al presidente Vicente Guilarte la celebración de un pleno extraordinario para pronunciarse sobre la amnistía para los promotores y participantes en el ‘proceso’.
Los consejeros CArmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macas, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona, todos nombrados a propuesta del Partido Popular, han solicitado la celebración del Pleno para debatir una declaración institucional donde se califica la amnistía como una medida con efectos de “degradación” para el país y “si no abolición del Estado de derecho” en España.” “.
En la citada declaración institucional se sostiene que “el Consejo General del Poder Judicial, ejerciendo y reafirmando sus funciones constitucionales para la defensa de la plena vigencia de la Constitución, el Estado de Derecho y la integridad del poder jurisdiccional, ha acordado aprobar lo siguiente” y que “ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades gubernamentales, sobre la posible amnistía por crímenes cometidos con ocasión de los episodios ocurridos el 1 de octubre de 2017, así como los también cometidos previamente para su preparación, incluidos los delitos de corrupción.”
Asimismo, añade que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, afirmó el pasado sábado 28 de octubre que “ha pactado efectivamente una ley de amnistía con los partidos políticos que incluye, entre otros, el liderado por un prófugo de la justicia que “Se beneficiará personalmente de la medida”, en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont y añade que el jefe del Ejecutivo añadió que “la medida se adoptará en interés de España”.
Los miembros del sector conservador afirman que “la declaración del presidente del Gobierno en funciones justifica que el Consejo General del Poder Judicial emita su dictamen a través de una declaración institucional, tanto más cuanto que también se ha hecho público que, a pesar de que Si el Gobierno de España se presenta como su impulsor, la futura ley de amnistía se tramitará como proyecto de ley, eludiendo así, una vez más, la función consultiva de este Consejo en aspectos sobre los que la Ley Orgánica del Poder Judicial requiere su intervención.
Por otro lado, los vocales destacan que “no es compatible con el principio de Estado de Derecho proclamado por el artículo 1 de nuestra Constitución, y ni siquiera con el principio de responsabilidad de los poderes públicos a que se refiere el artículo 9.3, que los líderes políticos están exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos, de modo que un aspirante a Presidente del Gobierno puede obtener el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su contrario, de ser poder permanecer en el Gobierno”. “Esto supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en un objeto de marketing al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo del pluralismo político, como el interés de España”, añaden.
Asimismo, afirman que amnistía a los líderes del proceso “significa generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos que, si bien no se justifica en ningún fin constitucionalmente legítimo, significa contravenir no sólo el principio de responsabilidad de los poderes públicos, pero incluso el “principio más elemental de igualdad de los ciudadanos ante la ley que proclama el artículo 14 de la Constitución”. Finalmente, los vocales añaden que la inminente Ley de Amnistía “viola la independencia de los tribunales en su aspecto más básico: si la independencia es el instrumento necesario para que los tribunales puedan actuar con neutralidad y garantizar, a través de la efectividad de sus decisiones, el principio de seguridad jurídica, no se puede hablar de independencia o seguridad jurídica cuando fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de Los tribunales.