Cuando la presentación del proyecto de ley de amnistía parece inminente, crece el clamor en el Poder Judicial por la aprobación de una medida que es ampliamente considerada inconstitucional y oportunista. La iniciativa de ocho miembros del Consejo General del Poder Judicial de aprobar en un pleno extraordinario una declaración institucional contra la amnistía es ahora criticada por el Asociación Profesional del Poder Judicial (APM), mayoría en la carrera, a una ley que implica un ataque frontal a la separación de poderes. “Su objetivo es situarnos en el principio del fin de nuestra democracia, romper las reglas de la Constitución de 1978 y hacer estallar el Estado de derecho”, afirma en un comunicado.
Los jueces señalan que han estado advirtiendo de la deterioro institucional y “ataques permanentes a la independencia judicial que ignoran por completo el respeto a la separación de poderes”, pero esto es “un paso más”.
Así, aunque no comentan que el Gobierno en funciones está acordando esta norma con los máximos responsables de los delitos para los que pretende conceder la amnistía (“no nos corresponde a nosotros valorar la ética y los principios de los actores políticos , ni siquiera la ausencia de ella”, dicen), sí proclaman alto y claro que “una norma jurídica que exonera de responsabilidades penales a unos cuantos, ya declarada por los Tribunales, o por procesar, sin modificaciones legales previas o sin entrar – formalmente, como parece ser la intención, en un nuevo proceso constituyente es inaceptable e inasequible en una democracia plena.
La APM señala que una ley de amnistía “pone en duda” la labor de los jueces españoles que aplicaron la ley, deslegitima el Estado de derecho y al Poder Legislativo que promulgó estas leyes y envía el “mensaje falaz” de que el legislador criminaliza y Los tribunales condenan en España por delitos políticos.
En su opinión, la amnistía rompe un principio esencial en la democracia, que es el de la separación del poders, sino también el principio de igualdad en la aplicación de las leyes, al eximir de responsabilidad penal a una clase de personas sólo “en función de la supuesta motivación política de sus actos, con el grave riesgo de que el mismo trato pueda ser exigido por aquellos” que intentaron en otros momentos históricos con la fuerza del terror lograr la independencia de parte del territorio, o malversaron fondos públicos invocando la misma intención.”
«Desde el Colegio Profesional de la Magistratura expresamos nuestro más firme rechazo a una futura ley de amnistía que tiene un objetivo claro, -más allá de la oportunidad de contar con los votos necesarios para una investidura-, anular el Poder Judicial, último dique de contención contra abusos de poder, arbitrariedad y desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política”, concluyen.