Con un 0,14 por ciento de personas dependientes esperando recibir su prestación, Castilla y León es la comunidad española con menor retraso. Así se desprende del informe publicado ayer por la Asociación Estatal de Directores y Directivos de Servicios Sociales, que destaca que las comunidades autónomas con mayor lista de espera son Cataluña, con un 26 por ciento, y el País Vasco, con un 17. La media estatal se sitúa en 12,13 por ciento,
El porcentaje que posee Castilla y León se traduce en que 168 personas se encuentran en el llamado ‘limbo’ de la dependencia. Es decir, reconocido su derecho, están a la espera de recibir su beneficio. En la Comunidad hay 120.382 beneficiarios con derecho a ayudas, según el informe.
Además, 525 dependientes fallecieron a la espera de la resolución del grado entre diciembre de 2022 y el 31 de mayo de 2023, otras catorce se encontraban en el mencionado limbo, mientras que 511 personas tenían pendientes de evaluación.
Otro de los aspectos que recoge el informe es cuánto disminuyó la lista de espera en cada territorio, objetivo para el que se ha establecido un plan de choque por parte del Gobierno central. Diez autonomías no consiguieron reducir sus cifras, sino que han incrementado el retraso en el último año, mientras que Castilla y León lo redujo un 18,8 por ciento junto con otras ocho regiones.
La Asociación de Directivos y Gerentes también analizó el gasto y la financiación del organismo por comunidades autónomas. En esta sección, Castilla y León redujo un 7,4 por ciento el desembolso en este ámbito, según el documento, que también detalla que la Comunidad asume el 67 por ciento del gasto en dependencia, por debajo de la media estatal del 74 por ciento. En cuanto a los fondos dedicados por persona dependiente, se sitúa en 6.716 euros, hacia la parte baja de la tabla.