El tribunal de garantías ha abordado la cuestión en varias sentencias, aceptando que junto al criterio geográfico se debe valorar si la línea tiene “interés general”.
Del acuerdo entre el Gobierno y los grupos independentistas, no sólo la amnistía puede acabar en el Tribunal Constitucional (TC). Otro de los pactos relevantes, el que afecta a los servicios ferroviarios, podría verse ante el filtro constitucional, para determinar hasta dónde puede llegar la competencia de la Generalitat.
Los diseños de Rodalies Forman parte, en algunos casos, de vías de comunicación más amplias que podrían caer dentro de la jurisdicción exclusiva del Estado. En 2016, el TC frenó el intento del País Vasco de hacerse con varias líneas controladas por el ministerio de desarrolloincluidas dos líneas de cercanías desde Bilbao.
La Constitución entrega exclusivamente al Estado las que pasan por el territorio de más de una Comunidad Autónoma. Y añade que las CCAA podrán asumir competencias en itinerarios que se desarrollen íntegramente en su territorio. El TC ha abordado la cuestión en varias sentencias, aceptando que, junto con el criterio geográfico, se debe valorar si la línea es una infraestructura esencial o tiene interés general.
Las líneas ferroviarias que el Estado asume como competencia exclusiva están recogidas en una orden ministerial de 2015. Ante esta lista del Gobierno central, el Ejecutivo vasco presentó en 2016 un conflicto de competencias en el que reivindicaba para sí el control de varias líneas que se desarrolla dentro del País Vasco.
El TC acordó con él dos viajes menores -uno iba solo a una fábrica-, pero dijo que no en lo esencial. Así, rechazó conceder al Gobierno Vasco el tramo que daba acceso a infraestructuras esenciales como la Puerto de Bilbao. Y tampoco aceptó que se hiciera cargo de varias líneas que formaban parte del transporte de cercanías de Bilbao.
En este último caso, indicó que aunque la mayor parte del tráfico de viajeros se realizó por este tipo de vía de proximidad, la línea formaba parte de una más grande que conectaba el País Vasco con las comunidades vecinas.
El Tribunal Constitucional resumió así cuándo una comunidad autónoma podría asumir la responsabilidad de un tramo ferroviario, limitándolo a la concurrencia de una doble condición: se trata de tramos o partes de vías férreas que, si bien nacen o mueren fuera de la Comunidad en su total itinerario, Discurran dentro de la Comunidad (condición positiva), siempre que el tramo en cuestión no forme parte de una infraestructura ferroviaria considerada de interés general por el Estado (condición negativa).
Entre las líneas ferroviarias que la Generalitat lleva años reclamando se encuentran aquellas que permitan acceder a infraestructuras como la aeropuerto del prat o el puertos de Tarragona y Barcelona. Y otros que, pese a funcionar principalmente como cercanos, se integran en una red mayor que conecta con Francia, la Comunidad Valenciana o Aragón.
El catálogo actual de líneas y secciones del Red Ferroviaria de Interés General Comprende los 699,8 kilómetros que hay desde Madrid hasta la frontera de La Junquera. Pero también pequeños trayectos, como los de menos de dos kilómetros del L’Hospitalet de Llobregat-Bellvitge (Aguja Km. 674,8), o menos de cuatro de los Universidad Cerdanyola-Cerdanyola Valles.
La intervención del Tribunal Constitucional definiendo cuándo podría haber un traspaso de competencias se produjo debido a las divergencias entre las Comunidades Autónomas afectadas y el Gobierno central. En este caso ambas cosas van de la mano, lo que podría liberar a la Generalitat de superar el obstáculo Constitucional.
Queda descartado el choque competitivo entre ambos. Queda por ver cómo, ante una posible modificación del listado de infraestructuras estatales por parte del ministerio, podrían reaccionar comunidades autónomas como Aragón y la Comunidad Valenciana, que podrían ver cómo tramos de su conexión con Europa quedaban en el olvido. manos de otra comunidad autónoma.
Esta complejidad jurídica de asumir el control de algunas líneas de Rodalies explica que la nueva sociedad Rodalies Catalunya que se anuncia tendrá un consejo de administración constituido a partes iguales por la Generalitat y la AGE (Administración General del Estado). Es decir, yendo de la mano del Estado, aunque el desempate lo ganará la Generalitat, en lugar de nombrar un presidente con voto de calidad.
El delicado equilibrio de poderes también se percibe cuando se indica que el Ministerio de Transportes transferirá a la administración catalana la titularidad de las infraestructuras ferroviarias en las que los servicios prestados son propiedad exclusiva de la Generalitat y pueden quedar excluidos de la explotación conjunta de el resto. de la Red Ferroviaria de Interés General.
Todo lo anterior está recogido en el acuerdo presentado ayer por el Gobierno y ERC, que incluye un denso anexo de cinco páginas sobre Rodalies. Explica el marco administrativo que debe ejecutar la cesión integral de los inmuebles aledaños a lo largo de la legislatura. También añade algunos aspectos puntuales, como determinados apartados que inevitablemente deben pasar a manos de la Generalitat. Pero, sobre todo, es un catálogo de pagos o inversiones que el Estado debe afrontar en Rodalies
Sólo en un caso se concreta la cifra: 132 millones que se entregarán a la Generalitat para cubrir la deuda existente con Renfe relacionada con los servicios prestados.
El Gobierno central también asumirá parte del canon que Adif cobra por el uso de sus infraestructuras. Se trasladará el importe correspondiente al fuerte incremento de 2017, cuando la liberalización del servicio era inminente y adif Quería aumentar los ingresos. Fue la administración central la que aumentó la tasa, dice el comunicado, y será la administración central la que se enfrente a ello.
Asimismo, se calculará cada año el déficit que incurra Renfe con Rodalies y se realizará la correspondiente transferencia.
El acuerdo sobre Rodalies se cierra indicando que habrá un compromiso de inversión vinculante para cada año, que incluirá una cláusula de garantía económica.