La Comunidad Valenciana, la región de España peor financiada por el Estado, exigirá el mismo trato que Cataluña en el condonación de la deuda regionalpactado entre PSOE y ERC en su acuerdo para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Lo hará “sin extorsionar a nadie”.
“No vamos a amenazar con romper nada y no vamos a jugar en mesas oscuras”, afirmó este viernes el presidente de la Generalitat. Carlos Mazón. En declaraciones tras mantener una reunión con la Plataforma pel Finançament Just en Alicante, Mazón criticó la “falta permanente” que padecen los valencianos en materia de financiación, agua o inversiones.
En términos muy similares se ha expresado la portavoz del Consell, Ruth Merino. El Ejecutivo regional exigirá “al menos” las mismas condiciones que los catalanes: «Estamos desfinanciados, Cataluña no».
El documento firmado por socialistas e independentistas incluye la condonación de hasta 15.000 millones de deuda -el 20%- del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a Cataluña. Una medida extrapolable a otras regiones en función del impacto de la crisis de 2008. El PSPV considera que la deuda valenciana podría reducirse en 10.000 millones.
En este sentido, Merino ha criticado la búsqueda de “un argumento tan banal” y la “total opacidad” con la que se ha calculado ese porcentaje, que deja al resto de comunidades en una situación de “absoluta confusión e impotencia”. “No sabemos qué esperar y sobre qué base pedir qué”, lamentó.
La ministra de Hacienda también cree que los adjetivos “vergonzoso” e “indecente” se quedan cortos para definir lo que considera “una compra de votos” a cambio de privilegios para que Sánchez permanezca en la Moncloa, en referencia a la negociación de la amnistía. Para los condenados por el ‘procés’ con Junts o al traspaso de Cercanías y “otras prebendas como una infame comisión bilateral para hablar de financiación” con Cataluña incluida en el pacto con ERC.
Precisamente, en la misma rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell, la titular de Infraestructuras, Salomé Pradas, ha descartado categóricamente que el Gobierno valenciano vaya a solicitar el traspaso completo de este servicio ferroviario a la Generalitat como hizo el anterior presidente Ximo hizo. Puig.
Hacerlo sería “poco realista e irresponsable”, subrayó, sin disponer de una financiación “adecuada” para la salud o la educación. Sí piden que se ejecute el Plan Cercanías, que contemplaba una inversión de 1.437 millones entre 2017 y 2025 y del que sólo se ha ejecutado el 20%.
“Una aberración jurídica”
En paralelo, este viernes el Gobierno valenciano de PP y Vox aprobó una declaración institucional contra este futuro Ley de amnistía para los acusados del ‘procés’al considerar que supone “una traición sin precedentes” a la Constitución y a la igualdad entre los españoles y “el mayor acto de corrupción política cuando un político concedió la amnistía a otro a cambio de permanecer en el poder”.
En este texto se apela a la “responsabilidad y dignidad” de los diputados valencianos en el Congreso y el Senado para votar en contra de esta norma. El comunicado afirma que España sufre “un gravísimo ataque a la democracia y al Estado de derecho” a causa, en su opinión, de la amnistía, “una aberración jurídica sin precedentes” que “da la razón a los golpistas”.
Por eso el Consell quiere advertir a los parlamentarios que apoyan esta ley de que serán “responsables de un incumplimiento sin precedentes de los valores constitucionales”, además de instar a los órganos de gobierno de las Cortes Generales a rechazar su tramitación, motivo por el que se hace llegar a la Mesa de ambas cámaras.