El Parlamento de Cataluña votará este jueves si aprueba una moción de la CUP que pide su constitución un documento de redacción conjunto que prepara un proyecto de ley para el referéndum de autodeterminación “como paso previo a hacerlo antes del final de la legislatura”. La iniciativa, que no vincula al Gobierno ni al Parlamento regional, se debatirá y votará la misma semana en que el PSOE negocia con Junts la investidura de Pedro Sánchez a cambio de concesiones para los independentistas.
La iniciativa de preparar una propuesta de ley para el referéndum manifiesta la necesidad de dirigirse a Naciones Unidas y a las instituciones europeas para “exigir una resolución democrática del conflicto basada en autodeterminación y la amnistía», según Ep. Está por ver qué votan los grupos de ERC (que ya ha cerrado su pacto con el PSOE para la investidura) y Junts, que son decisivos para la aprobación de la moción de la CUP.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC), recordó el pasado jueves, tras conocer el pacto con los socialistas que incluye una ley de amnistía para los independentistas perseguidos por el ‘procés’ para que Sánchez repita en La Moncloa, que “La amnistía no fue suficiente” e instó a avanzar hacia la independencia de Cataluña una vez lograda la norma de amnistía, cuya apuesta personal es proponer un referéndum al Gobierno.
La propuesta de la CUP, que pretende que la norma esté lista antes de febrero de 2025 para su ejecución, es similar a la ley aprobada en septiembre de 2017 que dio lugar a la convocatoria del referéndum ilegal el 1 de octubre de ese año, bajo la presidencia del Generalitat de Carles Puigdemont y con Oriol Junqueras como vicepresidente. En esa votación parlamentaria, No participó ningún diputado del PSC, PP y CS en señal de protesta al considerar que se estaba vulnerando la Constitución, como luego señaló el Tribunal Constitucional.
Aunque la votación del jueves no incluye la propuesta de artículos de la ley -a diferencia de la norma de 2017-, se advierte que la iniciativa que surge del Parlamento de Cataluña debe cruzar “los límites” o barreras del Estatuto de Autonomía de 2006 y de la Constitución de 1978, que son auténticos frenos para los partidos independentistas en esta materia.