El estudio, titulado `Ingresos y gastos: una ecuación que determina nuestra calidad de vida` fue presentado este martes por el la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiró, y el miembro del equipo de estudio del Fundación FOESSA, Daniel Rodríguez.
Gastos de vivienda
También se desprende claramente de los datos del estudio que las familias con menores ingresos Invierten más de 6 de cada 10 euros (63%) en gastos de viviendasuministros y alimentos, frente a los menos de 4 de cada 10 euros que gastan las familias con mayor nivel de renta.
“La vivienda es, en la gran mayoría de los casos, el elemento que desequilibra esta ecuación y que desalinea, en casi todos los casos, las cuentas familiares”, ha advertido Natalia Peiró, recordando que, según publica en su informe de 2022, la organización tuvo que invertir 46 millones de euros para que cerca de 120.000 familias pudieran pagar el alquiler de su hogar.
Según el informe, actualmente es necesario 7,7 años de renta bruta anual para comprar una vivienda frente a los 2,9 años que fueron necesarios en 1987. Además, alerta de que el 16% de la población arrendataria experimenta un nivel extremo de estrés financiero (el pago del alquiler representa más del 60% de sus ingresos), citando cifras de EINSFOESSA 2021, con datos de 2020.
Entre otras medidas, Cáritas Española propone impulsar un parque de viviendas sociales. “En España hay muchas viviendas, unos 26 millones. ¿Por qué entonces se produce esta paradoja? En la base de la explicación, un argumento, prima el uso de la vivienda no para el fin para el que fue creada, la que garantiza el derecho a un techo digno, sino como un instrumento con el que es legítimo enriquecerse”, ha advertido Daniel Rodríguez.
En cualquier caso, ha precisado que no se habla “ni mucho menos” de “expropiar viviendas” sino de fomentar la vivienda social para que toda la población pueda acceder a una vivienda digna y asequible.
Compartir casa con otra familia o pasar frío
En este contexto, Cáritas advierte de que las familias más vulnerables se ven obligadas a adoptar estrategias como reducir al máximo el consumo energético, hasta el punto de pasar frío en invierno, o compartir la vivienda con otras familias. De hecho, han constatado “un aumento de los índices de hacinamiento”.
Como destaca el informe, en cinco años, el porcentaje de familias que han tenido que recurrir al subarrendamiento de habitaciones ha aumentado hasta el 6,6% en 2022 (más de 1,2 millones de hogares). Al mismo tiempo, el número de familias que viven en viviendas inadecuadas, aquellas que no reúnen las condiciones mínimas dignas para la vida diaria, ha aumentado del 25% en 2018 al 30% en 2021 (5,6 millones de familias).
También alerta de un aumento del número de familias que residen en viviendas inseguras, hasta alcanzar el 23,2% en 2021, lo que implica que más de 4,2 millones de hogares viven en pisos compartidos o de alquiler sin contrato en vigor o en situación de desahucio.
Así, el estudio señala que, si bien es alentador que los ingresos en España hayan experimentado un aumento del 11% desde 2008, alerta de que el contexto inflacionario de los últimos meses ha provocado que los gastos familiares aumenten un 30%. Esta disparidad, según Cáritas, es aún más acusada entre los hogares más humildes, ya que el aumento de ingresos en estas familias ha sido “prácticamente inexistente” (0,5%).
2,5 millones de trabajadores pobres
A esto se suma, según la confederación, el alto porcentaje de trabajadores pobres (11,7%). “Hablamos sobre Dos millones y medio de personas que, a pesar de tener un empleo remunerado, sus ingresos son tan bajos que no les permite salir de situaciones de pobreza.“Especificó Rodríguez.
También se añade el Baja cobertura e intensidad protectora del ingreso mínimo. (percibida por el 44% de la población en pobreza severa), lo que provoca que se “desborde” la capacidad de muchas familias que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad.
En concreto, la confederación advierte de que el porcentaje de Los hogares en situación de pobreza material severa representan actualmente el 8,1% de la población.es decir, 3,8 millones de personas.
Ante esta situación, Cáritas Española propone, entre otras recomendaciones, planificar políticas de empleo centradas en colectivos con más complicado acceso al mercado laboral, facilitando la conciliación; abordar la precarización laboral desde una perspectiva integral, reduciendo la temporalidad y la parcialidad, y garantizando salarios dignos.
Además, pide establecer un sistema de garantía de ingresos mínimos con “cobertura suficiente”, que incluya a las personas en situación administrativa irregular, y plantea la posibilidad de que las prestaciones se asignen “automáticamente” a las personas que cumplan los requisitos sin necesidad de que lo hagan. hay que solicitarlo.
“Sólo una colaboración y un intercambio de ideas entre todos los actores implicados, llegando a algunos acuerdos y ofreciendo itinerarios que puedan ofrecer alternativas a esta situación que asfixia a muchas personas, podría reducir esta desigualdad y esta vulnerabilidad”, concluyó Natalia Peiró.