Así consta en sentencia de 3 de noviembre de 2023, de la citada Sala que ha declarado la falta de competencia de la jurisdicción social para cuestionar la legalidad de la Orden de 13 de abril de 2023 del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo.
Según explicó este miércoles el Ministerio de la Presidencia a través de un comunicado de prensa, para llegar a esta conclusión la Cámara Social considera que el acto administrativo de financiamiento de la Fundación SERLA “no deriva de las facultades autónomas en materia laboral o sindical, sino que es el resultado de el poder organizativo de la Junta de Castilla y León, y Se inspira en el principio de estabilidad presupuestaria.«.
El Ministerio de Industria, Comercio y Empleo concede la Fundación SERLA mediante Orden de 13 de abril de 2023, una subvención de 400.000 euros sujeta a “determinadas condiciones y requisitos” y los sindicatos CCOO y UGT presentaron una demanda mediante la cual solicitaban la anulación de esta Orden por considerar que la aportación dineraria concedida era “insuficiente”.
Según recordó el Ministerio de la Presidencia, esta demanda fue interpuesta ante el orden jurisdiccional social, los órganos establecidos por el Estado para el conocimiento y resolución de los conflictos laborales. “Los sindicatos demandantes entendieron, por tanto, que la Orden impugnada había sido dictada por la Administración autonómica en el ejercicio de sus competencias en materia laboral y sindical”, precisan las mismas fuentes.
En este procedimiento judicial también compareció el Ministerio de Trabajo y Economía Social y mantuvo en la vista “los mismos argumentos que los sindicatos demandantes”.
SERLA es un sistema de resolución autónoma de conflictos laborales en Castilla y León, creado mediante la firma de los oportunos convenios profesionales entre las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunidad: UGT, CCOO y CEOE CyL.
«Este sistema, constituido tanto por los agentes sociales que suscribieron los convenios interprofesionales como por la Junta de Castilla y León, tiene la consideración de fundación pública de la Comunidad, en la medida en que la Administración autonómica es la única entidad que financia su actividad. », han detallado desde el departamento que dirige Luis Miguel González Gago.