La defensa de Oriol Soler cree que “sus legítimas” opiniones contrarias “comprometen irremediablemente la imparcialidad” para investigar un caso vinculado a esa ley que se está negociando.
Uno de los investigados en la Audiencia Nacional por su relación con Tsunami democrático ha pedido que se retire del caso al juez de instrucción, Manuel García Castellónpor sus declaraciones públicas sobre la amnistía.
El incidente de recusación presentado por Benet Salellasabogado del investigado Oriol Soler Considera que las palabras del magistrado en una conferencia -bajo el título “La Audiencia Nacional, un Tribunal excepcional”- en Orense el pasado 5 de octubre “implican una posición que compromete irremediablemente la debida imparcialidad de todo magistrado”.
En aquella intervención, tras indicar que como magistrado encargado de asuntos como Tsunami no podía opinar, García Castellón afirmó: “Sólo como ciudadano puedo decir dos cosas. Una: que la Constitución tampoco prohíbe la esclavitud y pero no es posible.” “Y no está expresamente prohibido. Y dos: Bueno, estos señores han dicho que si lo van a repetir en cuanto puedan, entonces ¿será esta amnistía la primera de muchas otras que les seguirán?”.
Según la impugnación planteada, estas expresiones “muestran claramente la animadversión y el rechazo que el independentismo catalán provoca hacia el juez. De este modo, al exponer públicamente sus legítimas opiniones contrarias, consideramos que ha condenado irremediablemente su imparcialidad” para procesar los casos. . relacionado a la proceso.
La petición de recusación explica que el procedimiento que afecta a Tsunami “está directamente vinculado con el objeto de la ley de amnistía” y que, “no resulta difícil ver que expresar una opinión sobre la ley de amnistía que se está negociando actualmente es querer expresar una opinión sobre el carácter criminal de las movilizaciones sociales independentistas y sobre si merecen o no reproche penal (…) Quien expresa una opinión contra la amnistía lo hace, evidentemente, desde el prejuicio de que todo el conjunto de conductas amnistiables merecen penalidad. reproche y por tanto una instrucción judicial encaminada a lograr dicho objetivo.”
Procesando
La impugnación planteada será ahora examinada en primer lugar por el propio García Castellón. El juez podrá rechazarlo de plano o aceptar su tramitación por otro juez de la Audiencia Nacional.
La petición llega dos días después de que García Castellón imputara a una decena de personas por su papel en el lanzamiento y actividades de tsunamicuyas acciones puedan constituir delitos de terrorismo o desorden público agravado.
La calificación jurídica -que permite la competencia de la Audiencia Nacional- va a ser peleada por la Fiscalía de la Audiencia, que no detecta terrorismo en estos hechos y no ve en este tribunal el órgano competente para investigarlo.
La defensa de Soler también recurrirá, tal y como se adelanta en la recusación: “Más allá de las evidentes dificultades jurídicas que supone iniciar una investigación penal por una ‘iniciativa de movilización social’, cuestión que analizaremos en su caso más adelante a través de los recursos procesales pertinentes”, escribe su defensa.
La decisión sobre si el caso permanece en la Audiencia o se envía a Cataluña, como propugna el Ministerio Público, corresponderá a un tribunal de la Sala de lo Penal, encargado de revisar las decisiones del juez instructor.