El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la Ley de Economía Circular, que pretende olvidar la filosofía de hacer uso y tirar por otra en la que el reciclaje y la reducción de residuos marquen la pauta. Según la nueva norma -que ahora será enviada a la Asamblea para su debate y votación, y se espera que entre en vigor a principios de 2024-, los vertederos serán sustituidos por complejos medioambientales, se reducirán las cantidades de residuos generados y también los plásticos utilizados, Aumentarán sanciones por casos de derrames contaminantes y se permitirán reutilizaciones para usos industriales, además de No incluye nuevos impuestos para los municipios.
Es, resumido por el Ministro de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo“una norma realista, no dogmática y aplicable”, que seguirá dos líneas básicas: aprovechar los procesos naturales y reducir los residuos no reciclables.
Por un lado, se aumentará la vida útil de los bienes materiales, evitando la obsolescencia que ahora provoca que sean desechados y sustituidos por otros cada cierto tiempo. También queremos devolver a la cadena algunos residuos, como nuevos recursos económicos: por ejemplo, permitirá utilizar como fertilizante las cenizas de la combustión de biomasa, o los recortes de resina plástica para la producción de aislamientos en construcción. , o virutas de madera para hacer camas para el ganado.
También queremos promover el empleo verde, a través de nueva formación y especializaciones. Y la Administración aplicará criterios de contratación ecológicos, dando prioridad a las empresas que apliquen la economía circular en sus procesos, explicó el ministro Novillo.
Una de las principales novedades que aplicará la Ley será la sustitución de los actuales vertederos como depósitos de residuos por complejos de reciclaje medioambiental. El modelo será el que ya existe en la Mancomunidad Oriental, que está ubicada en Loeches, una planta muy nueva equipada ya con todos los avances técnicos. A su semejanza queremos actuar en los otros dos grandes centros de residuos, los de las comunidades del norte, en Colmenar Viejo, y del sur, en Pinto. Para ello, ambas asociaciones se apoyarán mutuamente con la cantidad de 450 millones de euros durante los próximos 20 años.
En el plano industrial, se reducirá el desperdicio de alimentos y se fomentará el consumo de kilómetro cero, para reducir la huella de carbono. En la construcción primará la eficiencia técnica, el uso de materiales reciclados y la reutilización de componentes. En cuanto a los embalajes, se dará prioridad a la reducción del uso de plásticos y también se fomentará todo el reciclaje textil. Y en relación con el transporte y la movilidad, además de impulsar la red pública, también se incluirán medidas para apoyar la renovación de los vehículos más contaminantes y mejorar la reutilización de materiales desechados.
En lo que al agua se refiere, la gestión del Canal de Isabel II será en este caso el modelo para buscar una mayor eficiencia en el control del consumo hídrico y en el uso del agua regenerada. Y también se apoyará la transformación del regadío en la agricultura madrileña.
Novillo también ha hecho hincapié en el capítulo de sanciones, que será actualizado. Por ejemplo, para los vertidos producidos que dañen el medio ambiente o la salud se impondrán multas considerables, de hasta 3,5 millones de euros o el doble del beneficio obtenido con la infracción. Y también estarán incluidos en este capítulo de sanciones quienes alteren los certificados de la cadena de residuos.