El acuerdo al que han llegado el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez abre la puerta a una auditoría del Poder Judicial en sede parlamentaria, al reconocer que ha habido una persecución al independentismo en los tribunales de carácter político (‘lawfare ‘) y depositarlos en “comisiones de investigación” para decidir qué casos están involucrados. También contempla que se podrán exigir “responsabilidades” para ello.
El texto, difundido este jueves, incluye entre sus puntos la promulgación de una Ley de Amnistía a partir de la cual “tanto los responsables como los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, hayan sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos hechos.En su comparecencia ante los medios de comunicación, el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, puso el contador en el año 2012.
Según precisó, “las conclusiones de las comisiones de investigación que se crearán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida en que puedan surgir situaciones comprendidas en el concepto de lawfare o judicialización de la política”.
El ‘lawfare’ o ‘judicialización de la política’, cuya existencia se reconoce en el acuerdo, supone aceptar como hecho cierto que hubo jueces y tribunales que persiguieron al independentismo catalán en sus diferentes manifestaciones por una cuestión ideológica y no por la aplicación de las leyes vigentes en cada momento.
«Acciones de responsabilidad»
Y según el tenor del acuerdo, Serán los diputados quienes decidan qué jueces o tribunales incurrieron en estas conductas, teniendo en cuenta que sus “conclusiones”, como dice el texto, serán tenidas en cuenta a la hora de aplicar la ley de amnistía, es decir, incluir a unos u otros en el manto de Se me olvida qué regla de estas características implica.
Todo, “con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”. Esta apostilla es una plataforma de lanzamiento para que las personas procesadas, procesadas y/o condenadas por delitos que estas “comisiones de investigación” consideran injustamente perseguidas, puedan exigir responsabilidades, aunque el documento no especifica si los jueces que aplicaron las leyes o los Estado mismo en forma de compensación.