Los jueces y fiscales han expresado su “Profunda preocupación” por el acuerdo cerrado este jueves por el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno -que incluye una amnistía ampliada a los supuestos casos de ‘lawfare’ y contempla emprender “acciones de responsabilidad” contra los responsables de los mismos-, al considerar que “hay una evidente riesgo de quebrantar la democracia.”
Las cuatro asociaciones judiciales: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces por la Democracia (JJpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI)— Han firmado una declaración conjunta donde se centran en “referencias al ‘lawfare’ o ‘judicialización de la política’ y sus consecuencias” para expresar su “rechazo”.
Explican que “el texto del acuerdo alcanzado contiene referencias explícitas a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria para determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
“Esto podría suponer, en la práctica, someter procedimientos y decisiones judiciales a control parlamentario con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”, indican.
Ante ello, responden que “los jueces deben someterse únicamente al Estado de derecho, ya que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución”.
Así, denuncian que “estas expresiones, en la medida en que revelan alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables”. “El Poder Judicial en España es independiente“No actúa bajo presión política y tiene un sistema de garantías jurisdiccionales que elimina el riesgo que se señala”, afirman.
“Estamos en un momento muy crítico”
Por su parte, Sergio Oliva, miembro del comité nacional de la AJFV, ha sido el encargado de mostrar su “más profunda preocupación por parte del contenido del acuerdo”.
“En este acuerdo, la creación de comisiones de investigación por el Congreso de los Diputados que determinará si los jueces y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han manipulado a los partidos independentistas”, ha apuntado.
Oliva ha defendido que “lo único que han hecho los jueces en España en los últimos años ha sido cumplir estrictamente la ley”. “Ese es el pecado”, lamentó, en declaraciones recogidas por Europa Press.
Por ello, ha exigido que se respeten separación de poderes e independencia judicialAdvirtiendo que “estamos en un momento muy crítico” porque “existe un riesgo evidente de quebrantar la democracia”.
“Golpe de gracia al sistema constitucional”
Por su parte, el Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales (AF) A través de un comunicado, ha mostrado su más firme oposición al acuerdo de investidura ya que contempla estas comisiones investigadoras de los procedimientos judiciales. Entienden que se trata de “un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un desprecio absoluto por el Estado de derecho“.
“El uso del término es inaceptable ‘guerra judicial’ (lawfare) utilizado en el acuerdo, por ser un concepto que no encaja en nuestro actual orden constitucional”, subraya el texto de la asociación mayoritaria de la carrera tributaria.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también ha querido mostrar a través de un comunicado su “absoluto rechazo” a las referencias incluidas en el acuerdo sobre ‘lawfare’, y ha aseverado que la posible creación de comisiones de investigación en las sedes es “inadmisible”. en los procedimientos judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes.
“Jueces y tribunales Sólo están sujetos al Estado de derecho. y sus resoluciones sólo deben ser revisables a través de los recursos jurisdiccionales legalmente previstos, sin supervisión alguna por parte de ningún otro poder del Estado”, añade.
En la misma línea, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)Salvador Viada, ha dicho a esta agencia que el acuerdo entre ambos partidos “es muy serio” e implícitamente supone “un cambio de modelo constitucional” porque busca el reconocimiento de las aspiraciones independentistas a través de la negociación, aceptando incluso la figura de un mediador.
Para Viada, el texto “es un golpe de gracia al sistema constitucional español” y la ley de amnistía que saldrá adelante, “una consecuencia lógica del concepto de cambio de régimen político que quieren PSOE y Junts”.
También ha destacado que la mención de Las comisiones investigadoras que arrancarán en el Congreso para analizar responsabilidades en posibles casos de ‘lawfare’ Es “perjudicial para el Estado de derecho” pero al mismo tiempo “consistente” con la idea de que había “ilegitimidad por parte del Estado para perseguir” determinados delitos: “Pero los jueces y fiscales actuaron como tenían que actuar “.
Finalmente, indicó que, Si la Justicia en España está politizada“La culpa es, entre otros, del PSOE y de Junts”, y ha apuntado que el partido de Carles Puigdemont “nunca ha planteado un cambio de paradigma para elegir al fiscal general del Estado ni a los miembros del Consejo General del Poder Judicial”. “La politización existe, pero extraer de ella la ilegitimidad de las sentencias del ‘procés’ es un exceso y una hipocresía que no se debe aceptar”, concluyó.