El celebrando un referéndum Es la aspiración de Carles Puigdemont. Una de las condiciones, junto con la amnistía, para que Junts vote a favor de Sánchez en el debate de investidura, que aún no tiene fecha.
El texto acordado afirma literalmente que Junts “propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado por artículo 92 de la Constitución”. Sin embargo, el PSOE se limita a defender “el desarrollo amplio, a través de los mecanismos legales oportunos, de la Estatuto de 2006“.
El artículo 92 de la Carta Magna a que se refiere la Constitución dice lo siguiente:
“1. Las decisiones políticas de especial importancia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
3. Una ley orgánica regulará las condiciones y procedimiento de los distintos tipos de referéndum previstos en esta Constitución.»
Todos los ciudadanos, no sólo los ciudadanos de Cataluña. Y para cambiar ese artículo para que sólo voten los ciudadanos de Cataluña, el PSOE y los independentistas necesitarían los votos del PP. Conseguir los votos necesarios parece prácticamente imposible con el PP en contra.
¿Podría haber un referéndum? Sí, la Constitución incluye un artículo sobre esto, si se entiende como consulta ciudadana. “No -puede haber referéndum- sobre una cuestión que es claramente inconstitucional”, explica Elviro Aranda, catedrático de Derecho Constitucional.
Porque celebrar un referéndum de autodeterminación sería ilegal porque chocaría con uno de los fundamentos de nuestra Constitución: la unidad de España. “Ataca la unidad de España”, afirma Aranda. Un principio recogido en la Constitución en su artículo 2.
“La Constitución se basa en la unidad indisoluble de la Nación EspañolaPatria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Él también lo dice así. Agustín Ruiz RobledoProfesor de Derecho Constitucional: “El artículo 2 prohíbe la independencia de una región”.
La única manera sería intentar sortearlo con la pregunta elegida para la consulta: “Di algo como ‘¿estás de acuerdo con modificar la Constitución para que Cataluña pueda declararse independiente?'”, explica Ruiz Robledo. Pero en ese caso tampoco sería vinculante, es decir, no obligaría a que se cumpliera el resultado.
“Es la renuncia expresa a la unilateralidad”, afirma Javier Pérez Royo.
El CGPJ, jueces y fiscales, contra
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado un comunicado en el que rechaza el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en el que expresa su “oposición frontal” y anticipa que actuará a través de “los canales legalmente establecidos”.
“Ante el anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que podrían determinar las ambiguamente llamadas ‘responsabilidades’ derivadas, precisamente, de constatar situaciones de ‘lawfare’, nos hacemos eco y compartimos el rechazo frontal a tales iniciativas, en línea con lo que “Ya lo han manifestado todos los gremios judiciales”, indicó. “La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de materializarse, determinaría nuestra oposición más frontal a través de los canales legalmente establecidos”, añadió.
Las asociaciones de jueces y fiscales también han manifestado su “profunda preocupación” por el acuerdo sellado en el que se incluye la amnistía. Explican que “el texto del acuerdo alcanzado contiene referencias explícitas a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en las sedes parlamentarias con el fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, podrían dar lugar a acciones judiciales”. .responsabilidad o modificaciones legislativas”.
“Esto podría suponer, en la práctica, someter procedimientos y decisiones judiciales a control parlamentario con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”, indican.