El La Junta de Castilla y León no convocará manifestación cualquier cosa sobre los acuerdos del PSOE con las formaciones independentistas, tal y como solicitó el vicepresidente del Ejecutivo regional y líder de Vox en la Comunidad, Juan García Gallardo, en una comunicación dirigida al presidente del Gobierno regional, el popular Alfonso Fernández Mañueco.
Según han indicado fuentes del Gobierno autonómico a la Agencia Ical, la “actuación institucional” que llevará a cabo el Ejecutivo autonómico es la acordada en el Consejo de Gobierno extraordinario del pasado 4 de noviembre, que se basó en la impugnación de los acuerdos ante los tribunales de Justicia, especialmente en el Tribunal Supremo, y en el Tribunal Constitucional, .
La Junta entiende que la convocatoria de manifestaciones contra la amnistía a los líderes independentistas y los acuerdos económicos y financieros que permitirán la toma de posesión de Pedro Sánchez Corresponde “a partidos políticos, organizaciones sociales o de la sociedad civil”. a través de sus canales representativos”, mientras que asistir o no a ellos es “un derecho individual de cada persona”, han indicado las mismas fuentes.
Sin embargo, destacan que la “actuación institucional” de la Junta de Castilla y León fue acordada en un Consejo de Gobierno extraordinario, “un órgano colegiado en el que se toman acuerdos que vinculan a todo el Ejecutivo”. Esta “hoja de ruta” se basa fundamentalmente en la protección de los tribunales a través de recursos ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, por lo que se ordenó al asesor de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, iniciar de inmediato los trámites de impugnación. Asimismo, se solicitarán al Consejo Consultivo los informes preceptivos.
Así, según lo antes mencionado «hoja de ruta acordada por todos miembros del Consejo de Gobierno”, según han afirmado, la Ley de Amnistía será recurrida en primer lugar ante el Tribunal Constitucional, mientras que medidas como la condonación de deudas se intentarán revertir mediante un recurso de inconstitucionalidad o contencioso administrativo.