Jueces, abogados del Estado, diplomáticos, inspectores de trabajo y asociaciones educativas denuncian el pacto PSOE y Junts
Diferentes colectivos profesionales de la sociedad civil se han manifestado en las últimas horas contra el acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts per Catalunya. El argumento más repetido es la desigualdad que la amnistía y los privilegios económicos generarán entre los españoles.
DECANOS JUECES, TRIBUNALES PROVINCIALES Y TSJ. El malestar entre los miembros del poder judicial continúa in crescendo. Ayer, distintas Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia se sumaron a los pronunciamientos de todos los colegios judiciales y del Consejo General del Poder Judicial, rechazando el concepto de guerra legal y señalando que en un estado de derecho, los jueces están sujetos al estado de derecho. Por su parte, los presidentes de las audiencias provinciales emitieron otro comunicado en el que señalaron su sorpresa e indignación porque el pacto PSOE-Junts pone en duda la independencia del Poder Judicial en España. Además, los jueces superiores también se posicionaron en contra del concepto de guerra legal o judicialización de la política.
ABOGADO DEL ESTADO. Más de un centenar de abogados del Estado firmaron una declaración rechazando categóricamente los acuerdos de investidura, que suponen un ataque directo a la libertad, la justicia y la igualdad, con una manifiesta quiebra de nuestro Estado de Derecho. Por otro lado, el Colegio de Abogados del Estado emitió ayer otro comunicado expresando su profunda preocupación por la ruptura de la separación de poderes y del principio de igualdad entre todos los españoles. El debilitamiento de las instituciones democráticas del Estado representa una deslegitimación inaceptable de las mismas que esta Asociación no puede compartir, añadió este grupo.
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO. El sindicato más representativo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cargó ayer contra el pacto de investidura entre el PSOE y el PNV por el que se acuerda el traspaso en un plazo de dos años de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco. ya que considera que esta medida rompe la solidaridad y la igualdad del pueblo español. Que las Comunidades Autónomas puedan tener la competencia de reconocer pensiones y otras prestaciones (jubilaciones, incapacidades, subvenciones…) sin someterse a criterios de gestión unificados para todo el territorio nacional, conducirá inevitablemente al inicio de la ruptura de la solidaridad de el Sistema de igualdad de todos los españoles en materia de prestaciones y el principio de unidad monetaria del sistema de Seguridad Social, argumentaron en un comunicado.
ABOGADOS DE SEGURIDAD SOCIAL. El Cuerpo Superior de Abogados de la Administración de la Seguridad Social también criticó este previsto traslado al País Vasco. Consideré que mantener el sistema de Seguridad Social como está actualmente y en los términos constitucionalmente previstos es un elemento esencial para la convivencia. Cualquier cesión o transferencia de su gestión a las Comunidades Autónomas vulneraría el modelo consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución, que contempla un régimen público de Seguridad Social, único y unitario para todos los ciudadanos como garantía de la igualdad de todos los españoles. se lamentaron.
LA INSPECCIÓN DE FINANCIACIÓN. La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) expresó su frontal y absoluto rechazo a los acuerdos que se derivan de la negociación para una futura investidura del actual presidente del Gobierno de España, ya que vislumbran de forma clara y evidente la ruptura del actual régimen constitucional en varios asuntos, entre los que se encuentra el financiero.
LOS AGENTES SOCIALES. La CEOE, la patronal, aún no se ha pronunciado sobre los acuerdos que articuló Pedro Sánchez para garantizar su investidura, pero ha convocado un Comité Ejecutivo extraordinario y urgente para el próximo lunes en el que se abordará la situación en España. la grave preocupación existente en el mundo empresarial. Empresarios afiliados a ella, como la CEIM madrileña, ya han advertido que medidas como la amnistía provocarán una pérdida de seguridad jurídica, calidad democrática y confianza de los inversores que afectará a la economía española. Los sindicatos, por su parte, que han celebrado que habrá investidura de Sánchez, se han mostrado críticos con algunas medidas concretas, reclamando sobre todo que, al afectar a los trabajadores, se negocien en el diálogo social antes de implementarse.
DIPLOMÁTICOS. La Asociación de Diplomáticos Españoles expresó ayer su preocupación por la cláusula firmada por el PSOE con Junts para ampliar la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y otros organismos y entidades internacionales. El acuerdo sostiene que los diplomáticos españoles han trabajado desde 2017 -siguiendo instrucciones de sucesivos gobiernos- para explicar y defender los fundamentos de nuestro régimen democrático y nuestro Estado de derecho en la UE.
CONCAPA. La Confederación Nacional Católica de Padres y Padres de Alumnos denunció ayer que los acuerdos del PSOE con Junts y ERC fracturan el orden constitucional y trastocan el marco de convivencia de todos los españoles. Concapa considera que con los acuerdos de investidura se ha vulnerado el principio constitucional de igualdad ante la ley y solidaridad entre los distintos territorios de España.