Consideran que contraviene la Constitución y la normativa de la UE y rechazan que comisiones políticas controlen las decisiones judiciales.
Más de 250 profesores universitarios de Derecho han firmado un comunicado “en defensa de la Constitución y el Estado de Derecho” en el que sostienen que la amnistía acordada por el PSOE con los partidos independentistas catalanes “es contraria a la Constitución y a la Ley de la Unión Europea”. Unión y, por tanto, nula e inaplicable”. Se trata de una declaración espontánea, explican los firmantes, que no está patrocinada por ningún partido o asociación.
El principal motivo de oposición es que dicha ley “viola el Estado de derecho, al someter a los jueces a mayorías parlamentarias” y es “contraria al principio de separación de poderes, esencial en la democracia”.
Los profesores firmantes califican de “golpe de Estado encubierto” el hecho de que el pacto contemple “la persecución del ejercicio del poder judicial por el Congreso de los Diputados”, en referencia al acuerdo para que comisiones investigadoras revisen qué investigaciones consideran ser en realidad una persecución política.
La verdadera intención de la amnistía, y su alcance desorbitado, refuerza la tesis de su inconstitucionalidad: “Una amnistía nunca puede ser constitucional ni conforme al Derecho de la Unión Europea cuando se dicta de manera que el amnistiado y sus amigos y conocidos – entre ellos un sospechoso de blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico- evitar la aplicación de la justicia, a cambio de prestar sus votos -siete monedas de plata con cara de prófugo- a la investidura de un candidato.
El párrafo hace referencia a las siete votaciones de Junts en el Congreso necesarias para que Pedro Sánchez repita como presidente del Gobierno, así como a la investigación por blanqueo de fondos del narcotráfico. Sito Mianco por lo que se le acusa Gonzalo Boyeabogado de Carlos Puigdemont.
El comunicado incluye referencias a la legislación de la UE, lo que a su juicio choca con los planes de Pedro Sánchez. “Ni el terrorismo, ni la malversación, ni el blanqueo de capitales son amnistiables, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea”, sostienen.
Y consideran que los jueces con causas en curso relacionadas con proceso No deberían aplicar la norma cuando entre en vigor. “Los jueces españoles, al ser jueces de la Unión, deben considerar nulas e inaplicables las normas contrarias al Derecho de la Unión Europea”, afirma el comunicado, que ayer por la tarde había recogido 262 firmas.