Cinco agentes del policia nacional Se sentarán en el banquillo de la acción en la que el activista Roger Español perdió un ojo el pasado 1 de octubre. Todos ellos están acusados de lesiones. Y, aunque la ley de amnistía prevé el olvido penal para los acusados de estos delitos, no para aquellos cuyos “actos intencionales hubieran resultado en la muerte”, pérdida o inutilidad de un órgano o extremidado un sentido”, como es el caso del activista, también acusado, pero por atentado contra la autoridad.
Y, según el instructor del caso, cuando el agentes de la UIP Los disparos se realizaron con pelotas de goma en las inmediaciones de un centro de votación de la calle Cerdeña de Barcelona, ”no se daban las circunstancias de seguridad necesarias para ello. En concreto, la distancia mínima establecida reglamentariamente, provocando con ello las lesiones sufridas por roger español».
Los cinco agentes del Mossos d’Esquadra procesados por sus acciones durante una protesta contra el Consejo de Ministros, cuando éste celebró su reunión semanal en la capital catalana, en diciembre de 2018. En esa manifestación, un manifestante perdió un testículo por el impacto con una pelota de espuma y presentó una denuncia por Lesiones contra los agentes. Otro hombre perdió el mismo órgano durante el Asedio al aeropuerto de El Prat en octubre del año siguiente, aunque en este caso no hay imputados.
Otra de las excepciones que contempla el proyecto de ley que el PSOE ha pactado con Junts es la delito de tortura o tratos inhumanos y degradantes, “siempre que superen un umbral mínimo de gravedad”. En este caso se incluyen, por un lado, los 11 policías que declararon ante la Instrucción 30 en Barcelona el pasado viernes, a raíz de la denuncia de una mujer detenida durante los disturbios posteriores a la sentencia, en las inmediaciones de vía Layetana, donde se ubica la sede del Cuerpo. La mujer, que fue detenida por lanzar bombas molotov, y que pasó varios días en prisión provisional, acusa a los uniformados de tortura.
También podrán quedar excluidos del olvido penal otros ocho agentes, a quienes el Tribunal Constitucional instó a investigar tras la denuncia de un menor de edad, Guillem P., que afirmó haber sido maltratado en octubre de 2019, durante los mismos disturbios por la sentencia de los líderes de el ‘procés’ en la capital catalana. El Tribunal Constitucional anuló así el sobreseimiento del Juzgado de Instrucción 11 de Barcelona y el de la Audiencia Provincial de la querella por torturas, lesiones leves y contra la integridad moral.
El joven recurrió ante este organismo alegando la ausencia de una investigación “suficiente” de los hechos denunciados, y el TC le dio la razón al concluir que los argumentos para archivarla tampoco eran suficientes. El niño, que se hizo popular con el apodo «chico de la sudadera naranja» por la ropa que vestía, denunció que los agentes lo golpearon en la carga policial que motivó su detención, con un uso desproporcionado de la fuerza para reducirlo, y que, una vez en la comisaría, fue golpeado repetidamente en la cara y obligado a arrodillarse frente a la pared.
Recursos pendientes
Además, los 45 agentes procesados por los cargos del 1-O en Barcelona Están a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva sus recursos y se pronuncie sobre la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. En su escrito de acusación, el jefe de la Instrucción 7 de Barcelona, Francisco Miralles, abrió la puerta a acusarlos, además de lesiones, de torturas. Motivo por el cual algunos de los funcionarios también podrían quedar fuera de la amnistía.
“Mi caso está en suspenso desde 2019, desde entonces no se han llevado a cabo más diligencias”, explica a torrevieja news today uno de esos 45 imputados, más de seis años después de su actuación para intentar impedir el voto ilegal en un colegio. Barcelona, y tras diez meses de espera de la resolución de su recurso. Considera que amnistía sin ser juzgado sería una “falsa absolución”, por lo que prefiere ir a juicio ya que, subraya, su actuación fue correcta.