El Tribunal Supremo (TS) hizo público ayer, al mismo tiempo que se conocía el texto de la ley de amnistía, un comunicado de su Sala de Gobierno en el que reivindicaba “la necesidad de garantizar la independencia judicial respecto de todas las instituciones” y definió como “incompatible con ella la supervisión o fiscalización de la labor jurisdiccional por parte de otros poderes del Estado.”
La medida de gracia negociada entre el Gobierno y los independentistas catalanes como condición previa para investir de nuevo a Pedro Sánchez como presidente se presenta, según ambos partidos, como “un medio adecuado para afrontar circunstancias políticas excepcionales”, para mejorar la “convivencia”. y la cohesión social, así como la integración de diversas sensibilidades políticas. Si finalmente sale adelante, supondrá anular los trabajos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que juzgó al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y al resto de asesores de Carles Puigdemont por promover el referéndum ilegal del 1 de octubre y el proceso independentista de 2017. También el del resto de jueces que comenzaron a investigar delitos contra el orden público relacionados con las protestas previas al 1-O y los que surgieron a raíz del fallo del ‘procés’, las resoluciones contrarias a la ley que acordaron los dirigentes políticos catalanes durante dichas fechas y la malversación de fondos públicos con fines políticos. Anula la responsabilidad contable que pueda existir por la organización de la consulta ilegal y la promoción exterior del ‘procés’ cuando todavía no hay sentencia del Tribunal de Cuentas al respecto, instando a que se absuelva, así como eliminar la Responsabilidad civil de todos los procedimientos.
Tras varios días preparando el terreno para la presentación del texto, en el que incluso el PSOE asumió la narrativa independentista del ‘lawfare’ -término que define la judicialización de la política para perseguir judicialmente al adversario político-, el Tribunal Supremo recordó ayer que “El ejercicio de la función jurisdiccional se realiza siempre de conformidad con la legalidad, la defensa de la Constitución y la salvaguarda de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, la igualdad en la aplicación de la ley.”
En la breve nota el TS también aclara que “el Estado de Derecho, en el que se fundamenta la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el respeto absoluto a la división de poderes”.
“Ataque a la igualdad”
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en la carrera, consideró que, si bien la exposición de motivos de la ley intenta defender su constitucionalidad, “no se sabe cuál es el bien jurídico legítimo que se debe proteger frente a una posible “La injerencia en la igualdad entre españoles para asegurar la proporcionalidad de la norma. En definitiva, el único objetivo es blindar absolutamente de cualquier consecuencia jurídica a las personas que estuvieron implicadas en estos hechos”, afirma su portavoz, Jorge Fernández Vaquero.
Los progresistas Jueces para la Democracia (JJpD), que el pasado jueves, tras conocer el documento firmado por PSOE y Junts para facilitar la investidura, se unieron al resto de asociaciones para mostrar su rechazo “a las referencias al ‘lawfare’ o judicialización de la política y sus consecuencias”, ayer se congratuló de que este término no esté incluido en el texto legal. “Es un alivio que no se haga referencia al ‘lawfare’ y que se excluya el delito de terrorismo para los casos con sentencia firme, así como que no se haga ninguna crítica a la labor judicial”, dijo a torrevieja news today el portavoz Edmundo Rodríguez.
Foro Judicial Independiente (FJI), por su parte, afirmó que, al conocer el texto, “si el Poder Legislativo puede archivar procesos judiciales pendientes o anular el cumplimiento de sentencias firmes, existe una intromisión en la función constitucional del poder judicial”. , laminando la separación de poderes. Esta asociación de jueces también afirmó en un comunicado que “el mecanismo por el cual el partido que aspira al Gobierno, sea cual sea, puede ofrecer en sus negociaciones políticas, sin límite alguno, la posibilidad de desactivar los procedimientos judiciales que afectan a los políticos que apoyarle (como ocurría en la Edad Media cuando el rey negociaba sus privilegios con los nobles), el hecho de que las partes, en definitiva, mediante el adecuado régimen de mayorías parlamentarias, pueden paralizar la investigación, el procesamiento o incluso dejar sin efecto condenas por otros delitos que podrían afectarles, supone una enorme acumulación de poder mediante la creación de espacios de impunidad. La vicepresidenta de FJI, Cristina de Vicente, calificó la ley como un “ataque contra la igualdad” en conversación con este periódico. A los jueces se nos presenta un conflicto ¿Cómo vamos a decirles a los que estamos investigando los crímenes que ahora son amnistía que no se beneficiarán porque sus crímenes no tienen un fin político? “, reflexiona este juez.
«Erosión del Derecho»
La Asociación Internacional de Abogados (IBA), la mayor asociación internacional de abogados y colegios de abogados con más de 80.000 juristas de 190 asociaciones en 175 países, también se sumó a las críticas a las referencias al ‘lawfare’ por parte de los negociadores legales. El acuerdo entre PSOE y Junts contemplaba la creación de comisiones de investigación en la próxima legislatura para supervisar la labor de los jueces en los procedimientos relacionados con el 1-O y la declaración unilateral de independencia.
Ante esta posibilidad, IBA también destacó “la importancia y la necesidad de proteger un Estado de derecho fuerte, basado en la separación de poderes, donde el Poder Judicial, actuando de forma independiente y sujeto únicamente al Estado de derecho, tenga el papel principal”. para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y la aplicación de todo el ordenamiento jurídico.