Los abogados de las víctimas de los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017 han pedido que Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza también sean condenados por delitos de asesinato terrorista en la audiencia pública que se celebra hoy en el Tribunal Supremo para revisar la penas de hasta 43 años de prisión que les impone la Audiencia Nacional.
Entonces, el tribunal que los juzgó así como su Sala de Apelaciones descartaron condenar a los tres acusados por los 16 asesinatos cometidos por los miembros de la célula yihadista a la que pertenecían, un reclamo que las acusaciones vienen haciendo desde que se inició el proceso en el Audiencia Nacional y que hoy han vuelto a defender ante el juzgado que preside el juez Manuel Marchena, pese al rechazo de la Fiscalía.
“Siguieron las consignas de Daesh, fueron educados en base a Daesh (…) con un único fin: sembrar el terror en la sociedad”, afirmó el abogado que procesa a varios policías heridos. Insiste en que “no importa quién” cometió los asesinatos, porque “la misión de la célula terrorista estaba cumplida: causar daño”.
En este sentido, las acusaciones han desvirtuado el hecho de que el juez de instrucción no procesó a los tres acusados por 16 delitos de asesinato al considerar que los responsables de los mismos eran los terroristas asesinados tras los atentados, y que dicha decisión no estaba sujeta a revisar. “Hemos visto amputadas nuestras acusaciones” – han denunciado – “nos hemos sentido abandonados por la Justicia”.
Por su parte, la Fiscalía ha mostrado su oposición, desacreditando las denuncias al considerarlas confusas y ha preguntado cuál es el problema de rechazar la intención de las víctimas de acusarles de delitos de asesinato y lesiones terroristas.
«Este es el mecanismo. “Éste es el juego”, afirmó el fiscal José Martínez Jiménez, al tiempo que destacó que se trata de un asunto “complejo” en el que hay “muchas víctimas”. No ve ninguna razón para revisar la sentencia. También se ha mostrado en contra de los argumentos de la defensa, que intentan que el Tribunal Supremo absuelva al condenado.
El abogado de Driss Oukabir, condenado a 36 años de prisión como miembro de la célula de Ripoll, ha iniciado su intervención asegurando que se rompió la cadena de custodia de su teléfono móvil así como de los aparatos electrónicos encontrados en su domicilio y Ha negado su participación en los hechos. “No se explica en base a qué se afirma que sufrió un proceso de radicalización”, afirmó.
En el mismo sentido, ha aprovechado su turno de palabra la abogada de Chemlal Houli, condenado a 43 años de prisión también como miembro de la célula yihadista que atacó Cataluña en el verano de 2017. “Él simplemente andaba con sus amigos, compartían casa, fabricaban o jugaban con sustancias sin saber el propósito”, explicó para luego defender que no formaba parte del grupo terrorista. Precisamente Chemlal es quien grabó los vídeos en los que se ve a los terroristas preparando los explosivos en Alcanar.
“No tenía conocimientos ni tenía funciones en el grupo”, insistió. “Decidieron por su cuenta cometer los ataques”. Y al tomar conocimiento, afirmó, “tenía la intención de abandonar el grupo pero no pudo hacerlo por temor por él y su familia”.
“El cuarto hombre”
El abogado del padre del niño de Rubí asesinado en las Ramblas ha vuelto a pedir que se investigue si el imán de Ripoll, Abdelbaky Es-Satty, que se daba por muerto en la explosión de Alcanar, “está vivo o muerto” “. «Nos falta un cuarto hombre de la célula terrorista. ¿A nadie le importa? “Sí a nosotros”, declaró. «Nadie investigó nada. “Es el propio Estado el que debería haberlo investigado”.
El mismo abogado también ha solicitado que se profundice en la relación del imán con el CNI y el papel de los servicios secretos. “Está comprobado que recibió visitas de varios miembros del CNI para capturarlo”, dijo. También lo respaldan las declaraciones que el comisario retirado José Manuel Villarejo realizó ante los medios de comunicación cuando era juzgado por la Operación Tándem, en las que afirmó que los servicios secretos “tienen algún tipo de relación” con los atentados y que querían “dar un susto” a Cataluña.
En julio de 2022, la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional estimó parcialmente los recursos presentados por Chemlal y Oukabir y fijó sus penas en 43 y 36 años, respectivamente, por los delitos de pertenencia a organización terrorista, posesión, almacenamiento y fabricación de sustancias o artefactos explosivos. . y estragos en atentado terrorista en conjunto con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave. El tercer acusado, Said Ben Iazza, fue condenado a 8 años de prisión por colaboración con una organización terrorista. Concluyeron que los responsables de los atentados y, por tanto, del asesinato de las 16 personas que murieron en Barcelona y Cambrils fueron los terroristas asesinados y no juzgados. Ahora, es el Tribunal Supremo el que tendrá que decidir en sentencia si también pueden atribuirse a los tres supervivientes de la célula.