El instructor del procedimiento seguido en el Tribunal de Cuentas contra hasta 34 ex altos cargos catalanes, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras, ha negado al prófugo de la Justicia española Puigdemont comparecer en el procedimiento el próximo viernes por videoconferencia como le había solicitado.
En auto dictado este miércoles, la instructora del procedimiento, Elena Hernáez, confirma que la audiencia contra los líderes del proceso por el alcance contable de los gastos de la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la promoción del proceso en el exterior se celebrará este viernes, tal y como estaba previsto
En dicha audiencia, Puigdemont, que comparecería como testigo de Artur Mas a petición de su defensa, tendrás que hacerlo personalmente si mantienes tu intención de hacerlo. El instructor ya ha aclarado que su no comparecencia como testigo -aunque también es coacusado- no implica indefensión para Mas.
La jefa del departamento segundo de la Sección de Acusación basa su decisión en que los codemandados han tenido un año para presentar sus peticiones y, en cambio, la defensa de Puigdemont presentó esta petición hace cinco días.
La amnistía cubrirá la responsabilidad contable
El proceso con el que la Sección de Enjuiciamiento del organismo supervisor busca la devolución del dinero público que fue malversado con los fines antes mencionados, aunque el caso llega a juicio precisamente cuando ya se sabe que la propuesta de ley de amnistía registrada por el PSOE y negociada con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) también anulará la responsabilidad contable del procés. El propio tenor de la norma, si finalmente sale adelante, insta a que el Tribunal de Cuentas dicte sentencia absolutoria conforme a derecho.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas cifra en cerca de 3,2 millones de euros el pasivo contable del 1-O y la acción exterior del ‘procés’, mientras que Sociedad Civil Catalana (SCC), que lideró la demanda contra 11 personas, entre ellas Los ex consellers Dolors Bassa, Jordi Turull, Raül Romeva y Francesc Homs, asesor de la Presidencia del Gobierno de Artur Mas, lo eleva a 5,1 millones de euros.