Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza envían carta a la Fiscalía General del Estado
La intervención de los fiscales en los casos especiales de proceso ante la Corte Suprema y los de otros fiscales en aquellos casos que han sido seguidos ante otras instancias judiciales ha estado estrictamente sujeto a los principios de legalidad e imparcialidad, de conformidad con el principio de unidad de acción, y con el conocimiento y aprobación de la Fiscal General del Estadopor lo que el mero hecho de que se sospeche de los fiscales una actuación ilegal al admitir que el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias podría calificarse de injusto, desproporcionado y guiado por motivos políticos sólo puede entenderse como un ataque a la Institución que debe ser objeto de respuesta inmediata por parte de la Procuraduría General del Estado como cúspide de la Carrera Fiscal.
Esto es lo que han solicitado los fiscales de la Sala del 1-O, Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y javier zaragozaal fiscal general, Álvaro García Ortizquien aún no ha condenado el uso del término guerra legal aprobado en el acuerdo de investidura alcanzado entre el PSOE y Junts.
Todos los colegios de jueces y fiscales, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el TSJ, las audiencias provinciales y los jueces superiores de España han emitido declaraciones en los últimos días criticando el reconocimiento de guerra legal y advirtiendo del riesgo para la separación de poderes que suponen los términos del acuerdo político firmado entre pedro sánchez y Carlos Puigdemont, donde se abre la puerta al Parlamento para revisar las decisiones judiciales. Todos los órganos judiciales menos uno: la Fiscalía General del Estado, que una semana después no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la supuesta guerra judicial sucia contra el independentismo.
En carta enviada a García Ortiz, los cuatro fiscales del proceso Le piden que, en su calidad de Fiscal General del Estado y presidente del Consejo Fiscal, previa audiencia de este organismo, se pronuncie públicamente en defensa de la Institución.
“Preocupación especial”
Los fiscales de Sala destacan que el contenido del acuerdo firmado entre Sánchez y Puigdemont genera especial preocupación, ya que anula el principio de separación de poderes y atenta contra la independencia judicial de raíz. Parece necesario recordar que la revisión de decisiones jurisdiccionales por otro poder del Estado, en este caso el legislativo, no es admisible en un Estado democrático de derecho, y que iniciativas como ésta demuestran claramente el intento de establecer políticas control sobre el Poder. judicial, añaden.
Asimismo, los fiscales del Tribunal Supremo afirman que no es posible retrasar la declaración del fiscal general bajo el argumento de que la Ley de Amnistía aún no ha sido publicada cuando lo que se pide es que se pronuncie sobre el texto de un acuerdo que ya existe. y ha sido publicado.
El pasado sábado, el fiscal general, durante su intervención en el congreso de la Asociación de FiscalesSostuvo que cualquier posicionamiento respecto de la anunciada Ley de Amnistía requiere, en todo caso, conocerla literalmente, y ese posicionamiento se hará a través de los cauces legales y en los procedimientos en los que el ordenamiento jurídico demande nuestra intervención.
Defensa de la legalidad
Por su parte, los fiscales Cadena, Moreno, Madrigal y Zaragoza destacan que el Ministerio Público es el órgano constitucional al que se encomienda específicamente la defensa de la legalidad y la función de velar por la independencia de los tribunales y considerando que la situación en la que nos encontramos es especialmente grave, lo instamos a actuar en defensa de la legalidad constitucional, recordando a los poderes públicos el estricto cumplimiento de la ley, y en defensa de quienes, como miembros de esta institución, ejercen sus funciones con responsabilidad, con imparcialidad y con sujeción a la ley en el proceso penal de que se trate.
Por su parte, los miembros del Asociación de Fiscalesquienes representan la mayoría del Consejo Fiscal, solicitaron ayer a García Ortiz convocar un pleno extraordinario para abordar el proyecto de Ley de Amnistía.