Aunque pospuso su postura sobre el proyecto de ley de amnistía para conocer su texto, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, no tiene intención de pronunciarse sobre lo que implica esta norma para la separación de poderes o cómo afectará la carrera en su trabajo diario. hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así se afirma en una carta que este jueves envió a toda la carrera judicial en respuesta a la petición de reacción a este asunto de, entre otros, la mayoritaria Asociación de Fiscales y los fiscales del ‘procés’.
Los cuatro (Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno) llamaron ayer al fiscal general a reaccionar: “El mero hecho de que el sospecha sobre los fiscales de acciones ilegales “Admitiendo que el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias podría calificarse de injusto, desproporcionado y guiado por motivos políticos, sólo puede entenderse como un ataque a la institución que debe ser objeto de una respuesta inmediata por parte del Fiscal General del Estado, “, afirmaron en su carta. .
En la carta, García Ortiz señala que el Ministerio Público, “órgano de relevancia constitucional entre cuyas misiones destaca la defensa de la legalidad, debe respetar el principio de separación de poderes inherente al Estado de derecho y evitar cualquier injerencia en el funciones atribuidas constitucionalmente”. a cada uno de los tres poderes del Estado”, afirma.
El fiscal general, cuya continuidad depende de un nuevo nombramiento por parte del próximo Gobierno de Sánchez (ya que el titular del Ministerio Público cesa cuando lo hace el Ejecutivo que lo nombró y por tanto ocupa un cargo como aquel), recuerda que el Estatuto de la carrera Dispone como una de sus principales funciones “velar por el respeto a las instituciones constitucionales y a los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones requiera su defensa”.
«Cualquier postura del Ministerio Público respecto de una futuro amnistía por los hechos ocurridos en Cataluña En relación con el proceso independentista, requiere conocer la norma definitiva que lo regula una vez pase a formar parte de nuestro sistema tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El posicionamiento de la Fiscalía española en cualquier expediente técnico-jurídico se realizará a través de los cauces legales y en los procedimientos en los que se solicite nuestra intervención”, avanza.
Añade que su cargo “exige” mantener una posición pública que “refuerce el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que tiene encomendados”. »La observancia de la legislación vigente y el sometimiento al principio de legalidad constituyen mandatos imperativos para el Ministerio Público, a veces realizados en las condiciones más difíciles, lo que aumenta el valor agregado del cumplimiento de la misión constitucional que los fiscales de nuestro país le han encomendado. «.
Concluye señalando que el fiscal general “es la mejor garantía de nuestro trabajo diario y velará siempre por la autonomía de quienes han servido y continúan ejerciendo como fiscales en defensa de la legalidad, los valores y principios constitucionales y, en definitiva, instituciones democráticas.” «.