Continúa el enfrentamiento entre el ministro de Industria, Comercio y EmpleoMariano Veganzones, y el sindicato CCOO. El consejero ha anunciado este jueves la posibilidad de acometer “Acciones judiciales” contra esta organización por los adjetivos que ha utilizado en su contra.
Así lo expresó tras comparecer este jueves “voluntariamente a través de su representación legal” en el acto de conciliación iniciado por el sindicato por la denuncia interpuesta por el sindicato en su contra por “insultos y calumnias”, tras lo cual ha advertido de la “posibilidad” de emprender “acciones judiciales” contra esa misma organización por las titulaciones recibidas.
El titular de Industria, que había sido acusado por Comisiones Obreras de no comparecer ante el tribunal, si bien se defendió asegurando que no había recibido notificación al respecto, “ha cumplido fielmente con su presencia en la reunión del consejo de administración” de este jueves -día en el que se reúne el Consejo de Gobierno de Castilla y León-, y “a su vez ha respondido a las falsedades expresadas por CCOO«han asegurado desde el Ministerio.
Veganzones considera “estar sufriendo una persecución política“por los sindicatos, que repetida, pública y directamente lo han” atacado “con expresiones como ‘maldito comemierdas’, ‘sinvergüenza’, ‘cabrón’, ‘garrulo’ o ‘prófugo de la justicia’. Debido a estos hechos, “se baraja la oportunidad de emprender acciones legales contra ellos”, han informado las mismas fuentes.
El consejero ha expresado con firmeza que “no dejará de trabajar a favor de los ciudadanos de Castilla y León”, a pesar de las “constantes amenazas y ataques verbales de CCOO y UGT” y ha afirmado que “no permitirá” que estos sindicatos, lo que ¿están celebrando? Los pactos de desigualdad firmados por el PSOE con los independentistas y los terroristas perjudican los intereses de los trabajadores de la Comunidad.
Además, el departamento que dirige Mariano Veganzones asegura que “la justicia ha fallado recientemente” a favor del Ministerio en otra demanda interpuesta por los sindicatos UGT y CCOO. Así, aseguran que la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León apoyó al consejero en «la reducción del 60 por ciento en la financiación de Serla”, que “fue financiada por la Junta de Castilla y León a pesar de que la administración ya cuenta con un servicio público idéntico y gratuito”, concluye el comunicado.