el inquilino de Lagasca niega fiestas clandestinas y contradice la versión de los agentes


El inquilino del piso de la calle Lagasca al que accedieron seis agentes con un ariete en 2021 ha negado que se estuvieran celebrando fiestas clandestinas y ha afirmado que esa mañana sólo se encontraban reunidos un grupo de amigos tomando una copa tranquilamente en su domicilio particular.

La afirmación dista mucho de la versión de la policía que sostiene que el inmueble parecía “un local de azafatas” o “una discoteca” con gente que no se conocía de diferentes países y que ignoraban las restricciones del Covid en una época en la que solo convivían Podría estar bajo el mismo techo.

El jurado popular del juicio que se sigue contra seis agentes de la Policía Nacional ha escuchado el testimonio de las personas que aquella noche se congregaron en este edificio hasta que los agentes entraron con un ariete derribando la puerta.

Los testigos sostienen que al no abrir la puerta esa mañana eran conscientes de que estaban cometiendo una infracción administrativa al violar la normativa Covid vigente en ese momento, pero niegan que estuvieran cometiendo delito alguno, que hubiera supuesto un acceso por la fuerza. por los agentes. Durante la investigación denunciaron el trato degradante que habían recibido por parte de agentes de la Policía Nacional.

El principal testigo con el que cuenta la fiscalía es el propietario del apartamento, que ha sido interrogado durante más de dos horas y media. Theo TG, de origen británico, ha negado que se organizaran fiestas ilegales en el inmueble durante una pandemia, así como que la retahíla de delitos que sostienen los acusados ​​se cometieran esa noche.

El subinspector jefe del operativo y cinco subordinados están acusados ​​de la presunta comisión de un delito de allanamiento de morada, hechos por los que la acusación particular, encabezada por el abogado Juan Gonzalo Ospina, solicita dos años y medio de prisión e inhabilitación. separarlos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Entre los testigos se encuentra una mujer que fue detenida por la policía luego de que los increpó. Esta joven, bisnieta de un ministro franquista, afirmó falsamente que el inmueble era su propiedad privada “y llamó a las mujeres que dijeron a los agentes que querían salir de él” de putas, guarras y traidoras.

Los procesados ​​defendieron ayer que actuaron conforme a derecho ante la existencia de un delito flagrante de desobediencia grave ante la negativa de los asistentes a identificarse hasta en 28 ocasiones, lo que les permitió acceder al interior sin necesidad de una orden judicial.

La defensa sostiene que en el apartamento se cometía una desobediencia grave a las fuerzas del orden; un delito de emisión de ruido; otro delito de lesiones psíquicas; y delito de acoso o ‘mobbing’ inmobiliario.

“No hubo ruido”

El denunciante, que fue uno de los detenidos en la intervención policial, ha afirmado que alquiló el piso en enero de 2021 por 1.800 euros al mes y que su intención era pasar una larga temporada en España para adquirir la nacionalidad española.

Niega que lo alquilara para fiestas clandestinas y afirma que en el inmueble tenía sus efectos personales y equipos de trabajo, contrariamente a la versión de los agentes que sostienen que el lugar era una “pocilga” en la que no se podía vivir y que Parecía más bien “un lugar de anfitriona”.

Según su relato, esa noche el grupo cenó en un restaurante y le propusieron terminar en su casa. Los agentes llamaron durante unos veinte minutos pero decidieron no abrir, sabiendo que su negativa podría suponer una infracción administrativa.

Los agentes les advirtieron que estaban cometiendo delitos pero no les creyeron. “No había ninguna orden judicial para entrar”, subrayó el testigo, indicando que eran conscientes de que estaban violando las restricciones de Covid.

“No era una fiesta porque no había música y simplemente estábamos tomando algo”, dijo y aseveró que no estaban armando escándalo porque solo estaban hablando.

La policía informó ayer que tres patrullas policiales habían acudido allí días antes, alertadas por los vecinos, pero tampoco quisieron abrirlas, hecho que el testigo ha negado.

Una vez derribaron la puerta, según relatan, los agentes los separaron y cachearon. Posteriormente lo inmovilizaron y esposaron cuando los funcionarios le aseguraron que se resistía, y lo llevaron a la comisaría junto con el resto de los detenidos.

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