El prófugo no acude al interrogatorio por su malversación del 1-0 y Diplocat y su abogado llegan a decir que “ha esperado hasta el último momento” para ver si podía viajar ya a España.
La no comparecencia no implica multa, pero sí perjudica teóricamente a la defensa de Puigdemont. Sin embargo, muestra total indiferencia ante el caso y ni siquiera intentó explicarse a tiempo por videoconferencia, porque la propuesta de ley de amnistía registrada por el PSOE declara literalmente “extinguida” su responsabilidad contable así como la de los otros 34 independentistas procesados. De hecho, los abogados de los líderes independentistas solicitaron la suspensión de la vista y de todo el juicio, pero las acusaciones han encontrado la oposición tanto de Sociedad Civil Catalana como del propio fiscal del Tribunal de Cuentas. Manuel Martín Granizo. Ha admitido que es probable que finalmente se apruebe la ley de amnistía, pero mientras no esté en vigor la suspensión no procede.
El consejero responsable del caso en el Tribunal de Cuentas, elena hernandez, sigue adelante y, aunque se declara “consciente de las circunstancias” ha reclamado “profesionalidad” a las defensas de los independentistas. Hernez, nombrada a propuesta del PP, ha cedido, en ausencia de Puigdemont, a su exinterventora del Ministerio de Hacienda, María Luisa Lamela. Así lo afirmó el Ministerio en la fase de Cristóbal Montoro, “no tenía capacidad para controlar los gastos de la Generalitat” y que correspondía al propio Gobierno autonómico. Boye le preguntó por qué Montoro declaró entonces en 2017 que “ni un euro público” había ido al referéndum ilegal. Hernez le ha interrumpido destacando que el interviniente “no ha sido citado para dar opiniones”.
El que fue asesor de la Presidencia de Puigdemont, Francesc Homs, actúa como abogado del caso y ha cuestionado a Lamela sobre “por qué la intervención del Estado no tenía capacidad para controlar los gastos de la Generalitat”. Respondió que lo que estaba haciendo era “ordenar pagos masivos a los acreedores”, pero que no estaba “en mi mano analizar en qué gastos incurrieron”, sino que correspondía a la intervención general del Gobierno.