Las cantidades estafadas oscilaron entre 700 y 2.100 euros cuando las citas para realizar los trámites son gratuitas.
Según informó este viernes el Ministerio del Interior en una nota, uno de los presuntos estafadores es un abogado colegiado que habría utilizado sus conocimientos de Derecho para, junto a otro socio, engañar a estas personas.
Para ello, ambos hombres habían creado una asociación de peritos judiciales para ofrecer así “un carácter más profesional” a sus víctimas.
Las investigaciones sobre ambos se iniciaron después de que miembros del Grupo Operativo de Extranjeros de San Sebastián localizaran a una persona que confesó haber pagado 800 euros por una cita para una entrevista de solicitud de asilo.
Posteriormente, las investigaciones permitieron localizar a otras ocho personas que habían pagado entre 700 y 2.100 euros por este trámite administrativo gratuito.
Las víctimas explicaron que el destinatario de los pagos era un abogado que Les aseguró que gracias a sus servicios podrán obtener la cita que les permitirá regularizar su situación. administrativas, aunque en algunos casos esto nunca se produjo a pesar de haber realizado los pagos acordados.
La nota específica es que las víctimas presentaban un perfil de gran vulnerabilidad, ya que “no tenían capacidad para trabajar legalmente”tenían “escasos o nulos recursos económicos”, tenían un “mínimo ambiente social y un total desconocimiento de las leyes, además del miedo a denunciar a la Policía, alentado por los detenidos”.
Los presuntos defraudadores fueron detenidos el pasado martes en colaboración con la Comisaria General de Extranjería y Fronteras UCRIF de Madrid.