La aceptación del ‘lawfare’ implica rechazar la misión principal de los servicios de inteligencia: neutralizar las amenazas a la independencia o integridad territorial de España.
La aceptación en el pacto de guerra legal Así lo mencionan estos días, la guerra judicial contra la política es precisamente lo que socava el trabajo del CNI. Los primeros en considerarse contemplados en el acuerdo con Puigdemont Han sido los jueces, quienes han manifestado su rechazo desde sus asociaciones, jueces superiores, audiencias provinciales, etc. También se han sentido ofendidos la Policía Nacional, sus sindicatos, la Guardia Civil y sus asociaciones. Pero el CNI es el punto de la mayoría de los casos judiciales ahora en cuestión. De alguna manera, todo su trabajo de los últimos años en diferentes causas se ve arruinado por el concepto guerra legal, aunque esa palabra no aparece textualmente en la Ley de Amnistía registrada por el PSOE en el Congreso.
Hace años que no se produce un reconocimiento irrefutable a nivel político de una de las principales misiones de los espías españoles, que está claramente marcada por la ley que regula el centro, el Ley 11/2002: “Prevenir, detectar y habilitar neutralización de esas actividades de servicios, grupos o personas extranjeros que pongan en riesgo, amenacen o violar el orden constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y la seguridad del estado, estabilidad de sus instituciones, “los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población”.
El propio artículo 1 de la ley es aún más claro cuando dice que el CNI informará y asesorará al Gobierno para ““prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o la integridad territorial de España.” Es decir, prevenir proceso, entre otros asuntos. Y también prevenir el terrorismo yihadista o las amenazas a empresas estratégicas, por ejemplo.
Las competencias del CNI dejan claro que no debe perseguir delitos, pero una vez que haya generado información sobre los mismos será trasladada a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
En mayo del año pasado, durante la caso pegaso No sólo se evitaron explicaciones, sino que se acordó una comisión de investigación y al final el director del centro fue destituido. Paz Esteban. Las denuncias de los partidos independentistas catalanes acabaron con su carrera de 40 años en inteligencia. nadie de Gobierno Planteé la posibilidad de que si una parte del país quisiera independizarse unilateral e ilegalmente, la ley permitiera actuar a los espías, con o sin Pegasus.
Ese despido, sin embargo, no fue el primer insulto político al CNI en los últimos años. Hay que recordar que en 2019 Pedro Sánchez incluyó a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente segundo del Gobierno, en el Comisión Delegada de Inteligencia. La ley no contemplaba que Pablo Iglesias pudiera pertenecer a esa comisión en ningún caso; no porque sea él, sino por sus roles institucionales. Tocó a otros, como a los ministros de Interior, Asuntos Exteriores o Defensa, pero no para Agenda 2030, ya que esta comisión debe fijar los objetivos anuales del centro, según las prioridades del Gobierno.
Ya en plena pandemia, Sánchez modificó la Ley 11/2002 para darle espacio legal a Iglesias en la comisión. Lo que se desprende de toda esta maniobra es que Podemos no confiaba en el CNI o el uso que el PSOE podría hacer del CNI.
Más recientemente, Alberto Núñez Feijó, En plena campaña electoral afirmó varias veces que el centro estaba “politizado”, aunque sin explicar por qué. Él PÁGINAS Manifestó que una de sus primeras medidas si gobierna será destituir al actual director, Esperanza Casteleiro, Otro agente con 40 años de carrera interna en el CNI y alguna mala experiencia pasada con el PSOE.
Es decir, el CNI ha constatado durante los últimos cinco años que ni el Gobierno ni sus socios mayoritarios confiaban en él; ni el principal partido de la oposición ni los independentistas catalanes. Él guerra legal ahora pone en duda los métodos y la información obtenida para investigar todos los casos derivados del proceso, llevando esa desconfianza a los años del General Félix Sanz Roldán, director del centro entre 2009 y 2019, ahora con el PP, ahora con el PSOE. Con este panorama, el malestar entre muchos de sus 4.000 afiliados está servido.