Dieciocho fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) han dirigido un escrito al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que le critican por “ignorar deliberadamente” la petición de “protección institucional” de los fiscales de la ‘ procesos’ ante las comisiones parlamentarias de investigación acordadas por PSOE y Junts para detectar presuntos casos de ‘lawfare’.
En la carta, recogida por Europa Press, los firmantes han manifestado su “decepción por la falta de voluntad” del fiscal general para “salir contra las insinuaciones calumniosas” sobre la actuación de los fiscales del ‘procés’ que “han sido expresado en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Junts” sobre el llamado ‘lawfare’ -también conocido como ‘guerra judicial’- contra el independentismo catalán.
Fuentes tributarias indican a esta agencia de noticias que el escrito ha sido firmado por 18 de los 26 fiscales de la Sala de lo Penal del TS y que los cuatro fiscales del ‘procés’ no han firmado su firma.
Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno habían exigido a García Ortiz, “en su calidad de fiscal general del Estado y presidente del Consejo Fiscal, previa audiencia de este órgano”, que les concediera “protección institucional” porque “junto con “Para el otorgamiento de la amnistía, un mecanismo excepcional de gracia que no está contemplado en la Constitución, se ha acordado la creación de comisiones investigadoras en las sedes parlamentarias con el fin de evaluar las actuaciones que se hayan realizado o llevado a cabo por los órganos judiciales. y el Ministerio Público.”
Según los cuatro fiscales del ‘procés’, el contenido de este acuerdo les genera “especial preocupación”, ya que -a su juicio- “vulnera el principio de separación de poderes y atenta contra la independencia judicial de raíz”.
En este sentido, los cuatro resaltaron que la revisión de decisiones jurisdiccionales por parte de otro poder del Estado, en este caso el Legislativo, no era “admisible en un Estado que se proclama democrático y regido por el Estado de derecho”. Y advirtieron que iniciativas como esta demuestran claramente “el intento de establecer un control político sobre el Poder Judicial”.
El Fiscal General del Estado les respondió en una carta que “cualquier posición del Ministerio Público respecto de una futura amnistía” requería “conocer la norma definitiva que la regule una vez pase a formar parte de nuestro sistema”. Así, señaló que dicho posicionamiento, “en cualquier supuesto técnico-jurídico”, se realizaría “por las vías reglamentarias” y en los casos en los que se requiera la intervención de la Fiscalía.
García Ortiz insistió en que debe “mantener una posición pública imparcial” pero aseguró que velará “siempre” por “la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, los valores y principios constitucionales y, en definitiva, instituciones democráticas.
Ahora, 18 fiscales del Tribunal Penal han criticado al fiscal general por el contenido de su carta. “No ha sido más que una forma de ignorar deliberadamente la respuesta a la gravísima situación que vive el Ministerio Fiscal y a la petición de protección formulada por los fiscales del ‘procès’, para ellos mismos y para los fiscales de Cataluña “, ante los ataques injustificados a los que están siendo sometidos”, han asegurado.