Insiste en recordar el precedente de la propuesta presentada en 2021 por ERC y el Grupo Pluralque fue rechazada de plano con los votos del PSOE por considerarse inconstitucional.
El PP se prepara para desplegar en las calles, en el Parlamento, en Bruselas y ante las autoridades judiciales cuantas medidas estén a su alcance para frenar la propuesta de Ley de Amnistía. Una norma que ayer fue admitida a trámite por la Junta del Congreso con los votos a favor de la mayoría que integran PSOE y Sumar y el aval del nuevo letrado superior de la Cámara que no ve en él indicios de inconstitucionalidad pero que, a juicio del popularcontradice de principio a fin los argumentos siempre sostenidos por el PSOE y los miembros del Gobierno, junto con el propio PP, en virtud de los cuales la figura de la amnistía no tiene cabida en la Carta Magna.
La discusión en la Mesa, órgano rector de la actividad en el Congreso, fue particularmente larga y dura. La decisión de las dos fuerzas que integran el Gobierno de coalición se impuso pero la popular Han optado por no considerar perdida la batalla y registrarán una petición para reconsiderar la admisión conforme a la ley. Si su solicitud no es atendida oportunamente por el presidente de la Cámara, Francina ArmengolEl Partido Popular está dispuesto a llevar el caso al Tribunal Constitucional interponiendo un recurso de amparo.
El PP, en principio, exigió la recusación del secretario general y nuevo letrado superior del Congreso, Fernando Galindopor su procedencia directa del ámbito gubernamental -hasta dos días antes de su nombramiento como jefe de los servicios jurídicos de la Cámara ocupó el cargo de subsecretario del Ministerio de Política Territorial-, algo que, a juicio del popular vicia su informe a favor de la calificación de la Ley de Amnistía porque alguien tan estrechamente relacionado con el Ejecutivo no reúne los requisitos necesarios de imparcialidad que exige el Estatuto del personal de la Cámara y el Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Proyecto de Gobierno
A este argumento añaden el popular el hecho de que el propio Ministro de la Presidencia, Flix BolaosAdmitiría que la Ley de Amnistía es en realidad un proyecto del Gobierno que se ha presentado como proyecto de ley del Grupo Socialista porque estaba en funciones el Ejecutivo.
Más allá de los motivos que dieron para dudar del informe jurídico que avala la admisión de la propuesta, el PP insiste en recordar el precedente de la propuesta de amnistía presentada en 2021 por ERC y el grupo plural que fue rechazada de plano con los votos del PSOE por considerarse inconstitucional. Y subrayan que entonces, como ahora, los hechos y los autores a los que se pretende amnistiar son los mismos. Señalan también que la nota jurídica del actual Secretario General ignora que el propio Gobierno en su informe sobre el indulto concedido a Oriol Junqueras Lo dice textualmente en la página 30: A diferencia de la amnistía, que es claramente inconstitucional, el indulto no hace desaparecer el delito.
Sostienen que ni el legislador ni el Ejecutivo pueden interferir en la capacidad de los tribunales para juzgar los delitos mientras existan, como ocurre, por ejemplo, con la malversación de fondos. Y la amnistía a quienes la han cometido porque lo han hecho en el marco del desafío independentista y no a otras personas que la han cometido por otros motivos, vulnera claramente el principio de igualdad ante la ley.
El Partido Popular, en definitiva, considera que la tramitación de la Ley de Amnistía que decidió ayer la Mesa y que podría llevar al Pleno de la Cámara a votar su toma en consideración en la semana del 12 de diciembre, no es más que el precio que Sánchez paga su investidura y, por tanto, está viciada por la conveniencia exclusiva del presidente del Gobierno, hasta el punto de que su partido, el PSOE, y su aliado, Sumar, no dudan en anteponer la impunidad a la constitucionalidad.