El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha emitido una comisión rogatoria a las autoridades suizas para informarles sobre el paradero del secretario general de ERC. Marta Roviraque reside allí desde que huyó de España para evitar el proceso debido al proceso y que está acusado de delitos de terrorismo como parte de la organización detrás de la plataforma Tsunami democrático.
En un auto al que tuvo acceso torrevieja news today, el juez decide preguntar suizo enviar también información asociada a una cuenta bancaria sospechosa de haber recibido y distribuido fondos para financiar las actividades del Tsunami en la organización y planificación de los graves disturbios ocurridos en Cataluña debido a la condena del Supremo a los líderes del proceso, en el otoño de 2019.
La decisión se ha firmado este martes, el mismo día en el que el juez decidió que toda la investigación pase al Tribunal Supremo porque considera que es su competencia dada la calidad de eurodiputado del expresidente de la Generalitat. Carlos Puigdemontcomo el del parlamentario de ERC Rubén Wagensberglo que arrastraría todo el caso, en línea con lo que argumentó la acusación interpuesta por Dignidad y Justicia.
En el caso de Marta Rovira, la autora razona que es “público y notorio” que reside en Suiza y pide a las autoridades suizas que faciliten su localización. Les informa que está siendo investigada por “un delito de participación en la actividad de organización o grupo terrorista” y aporta todas las pruebas en su contra a raíz de las conclusiones de los informes de la Guardia Civil sobre el Tsunami, que la sitúan en un coordinación.
En concreto, recuerda que “con mucha probabilidad” era la persona detrás del apodo “Matagalls” que participaba en distintas aplicaciones de mensajería cifrada como las encontradas en los teléfonos de varios investigados y cita algunas de esas conversaciones, como aquella en la que le dice a uno de los presuntos cabecillas de Tsunami, Xavier Vendrell, que está “reclutando gente”. Lo sitúa también en una reunión celebrada precisamente en Ginebra en el que se habría previsto el despliegue de actividades de la plataforma.
A lo largo de la exposición razonada, el juez informa a las autoridades suizas de la media docena de protestas que terminaron en graves disturbios (desde el asedio de El Prat a las movilizaciones en torno al Camp Nou, pasando por la huelga general que dejó varios policías gravemente heridos) y que está siendo investigado como actos terroristas, orquestados por una plataforma que califica con el esquema de una estructura jerárquica, con vocación de permanencia en el tiempo y el objetivo último de subvertir el orden constitucional desde las calles.
La cuenta del tsunami en Suiza
Con esta perspectiva, señala la cuenta bancaria a la que, según una conversación encontrada en el teléfono móvil del asesor de Puigdemont, Josep Lluis Alay facilitó a un tercero para que hiciera una donación a la ‘causa’. Fue identificado en la terminal como Nicola Ticino, aunque la investigación aclararía más tarde que se llamaba Nicola Foglia, y escribió al historiador presentándose como “ex presidente de la juventud socialista”.
Era el 14 de octubre de 2019 y El Prat estaba sitiado. Foglia le dice a Alay que tiene “bastante dinero” en un banco catalán y que puede financiar la entrega de comida y agua a los manifestantes que bloqueaban el aeropuerto. Dos horas más tarde, recibe respuesta a su oferta: puede hacer una donación a una cuenta en Suiza que está a nombre de Jaume Cabani – acusado de ser presuntamente responsable de la financiación de la plataforma – y le proporciona el Iban, el Swift y la dirección del banco, CIM Banque Privée SA. Foglia anuncia que donará 6.000 francos suizos, pero no está confirmado que lo haya hecho.
De ahí la segunda petición que el juez eleva a las autoridades suizas: movimientos, transferencias, tarjetas, saldos… Toda la información de las cuentas de ese banco suizo en las fechas de los hechos y hasta mediados de 2020.
Pero no es la primera vez que lo pide. Ya en diciembre de 2019, al inicio de la investigación, solicitó a Suiza los datos de esa misma cuenta, pero recibió respuesta negativa. Ahora, hay un elemento nuevo: el rogatorio invoca el Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo que Suiza ratificó en marzo de 2021 y entró en vigor cuatro meses después.