Una asociación de vecinos informó este martes de que una mujer de 78 años iba a ser desalojada del piso en el que vive desde hace medio siglo por impago de 88 euros. El importe de unas obras que no pagó por el inmueble y por las que el alquiler se elevó de 191 a 280 euros mensuales. Pero un juzgado de Barcelona se ha negado a frenar el desahucio al considerar que la anciana no es vulnerable. Según el expediente consultado por este diario, era propietaria de la mitad de un piso, también en la capital catalana, por cuya venta, el pasado mes de febrero, se embolsó casi 80.000 euros. «Tuvo alternativa habitacional desde 2010 y, actualmente, cuenta con un monto económico que le permite sustentarse», señala la resolución.
Fue en noviembre de 2019 cuando la propiedad inició el procedimiento judicial para expulsar a la mujer del piso, después de que una sentencia previa de la Audiencia Provincial considerara “resuelto el contrato firmado entre las partes”. La primera orden de desalojo estaba fijada para abril de 2020, pero quedó paralizada por la pandemia, ya que el Gobierno aprobó un decreto ley para interrumpir los lanzamientos durante la emergencia sanitaria. En octubre de ese mismo año hubo un segundo intento, que también fracasó porque el médico forense no acudió. En febrero de 2021 también fue anulado porque la mujer presentó una informe de servicios socialespor lo que se abrió una pieza separada para determinar si era vulnerable o no.
El pasado mes de abril la propiedad presentó la documentación que, señala el tribunal, “manifiesta la no vulnerabilidad del inquilino». Así, señala que los informes de servicios sociales “son siempre los mismos”, y en este informe no hay datos económicos, pese a que la mujer alega que sus ingresos son de 437 euros al mes, “no se aporta ninguna justificación”. ” Tampoco se encuentra registrada ninguna otra persona en la propiedad. El juez señala así que “no existe causa legal que permita retrasar más la entrega de la vivienda”, tras cuatro años de espera por parte de su propietario.
La resolución recoge así que el inquilino era propietario de la mitad de un apartamento, desde julio de 2010. «Este no impidió que el lanzamiento se retrasara debido a las regulaciones excepcionales de Covid-19», reprocha el juez. La casa fue vendida a principios de este año, por la que la mujer recibió 79.334 euros, por lo que “no se encuentra en una situación de vulnerabilidad social ni económica”, concluye, y señala además que el inmueble no tiene por qué “soportar la situación personal de un inquilino sin derecho a ocupar la vivienda, y más aún, el arrendador no es un gran propietario, sino una persona física.
La inquilina era propietaria de la mitad de un apartamento desde julio de 2010. “Esto no le impidió retrasar la puesta en marcha en virtud de las normas excepcionales Covid-19”, reprocha el juez.
el inquilino es Blanca Espinosa y vive en el piso de la calle Boters, en el barrio Gótico, desde 1968. Hasta las obras, el antiguo alquiler que pagaba era de 191,8 euros al mes, luego los pagos subieron a 280 euros. Fue entonces cuando no pagó dos mensualidades en su totalidad y la propiedad acudió a los tribunales. De la asociación de vecinos Gótico resistim Señalan que luego sí pagó lo adeudado y denuncian que la quieren echar para alquilar el espacio a turistas. Este miércoles al mediodía, una veintena de personas se concentraron frente al edificio para intentar impedir el lanzamiento.
Horas antes, esta mañana, el pianista James Rodas Detalló en RAC1 que se había ofrecido a pagar las cuotas del alquiler durante dos años, pero que el abogado del propietario se había negado. La propia inquilina detalló en una entrevista en la misma emisora: «Un pianista se ofrece a pagar. No sé quién es, pero me lo acaba de decir la trabajadora (social).