Casi cuatro años después de recibir la noticia de la muerte de su hijo, los padres de Diego Bello, asesinado a tiros en Filipinas en enero de 2020, se reunió ayer cara a cara con los tres acusados del crimen. Lo hicieron en la sala donde se celebra el juicio por la muerte del coruñés y con los presuntos verdugos de Bello, agentes de la Policía del país, sentado en el banquillo acusado de asesinato y manipulación de pruebas. Durante la audiencia de ayer se retomó la declaración del perito en balística del NBI (organismo equivalente al FBI estadounidense) que comenzó el pasado mes de octubre pero que quedó en el aire por la celebración de elecciones en los barrios de la ciudad. El informe elaborado por esta organización revela que Los casquillos de bala recogidos en la escena del crimen fueron manipulados. simular una historia de hechos que no coincidirían con la realidad. El mismo documento también confirma que Diego recibió un disparo “de arriba a abajo”, lo que implica que estaba en el suelo cuando alguien, de pie, lo sentenció. De ahí la importancia de este testimonio que, según fuentes de la Fiscalía, no pudo completarse ayer por su extensión, por lo que continuará el 13 de diciembre.
Presentes en la sala durante las explicaciones del testigo, los padres del empresario coruñés fallecido a las puertas de su domicilio reconocieron que Tienen “esperanzas” en que se haga justicia. «En Filipinas hay buenos abogados, jueces justos y policías que cumplen con su deber. La imagen de este país, que tanto amó Diego, no puede ser manchada por miembros de la Policía que actúan impunemente sin respetar el derecho humano más importante que es la vida”, señalaron. Luego de casi cuatro años de espera y un período En medio de la incertidumbre cuando los sospechosos escaparon y pasaron varios meses en búsqueda y captura, la familia gallega aprovechó su estancia en Filipinas para reunirse con representantes de la embajada de España y de la Unión Europea, quienes les trasladaron su apoyo y les aseguraron que “el El caso de Diego Bello está permanentemente sobre la mesa en nuestra relación con las autoridades filipinas, a quienes Pedimos que se depuren responsabilidades penales», señalaron.
Los padres de la víctima del tiroteo también fueron recibidos por el comisión de derechos humanos, la primera institución filipina que denunció los hechos y los enmarcó en la llamada Guerra contra las Drogas, protagonizada por el anterior presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Todas las pruebas reunidas hasta el momento indican que la ejecución de Diego respondió a Un plan premeditado de los tres policías acusados para acabar con su vida, con el argumento de que era uno de los mayores narcotraficantes de la isla. Sin embargo, nunca se encontró evidencia en esta dirección. El nombre del coruñés no figura en ninguno de los registros de los traficantes que administra cada localidad ni se encontró droga en los locales que administraba. Tampoco llevaba nada consigo la noche de su muerte y los investigadores no encontraron una conexión lógica entre el arma que supuestamente le pusieron en la mano para demostrar que amenazaba a los agentes y su propietario, un residente de Manila con el que había tenido sin ataduras. .
Respecto al crimen, los policías defienden que Diego les apuntó con su arma, pero el análisis de la escena da lugar a una supuesta manipulación de la escena. Además, y aunque no hubo testigos, en la próxima sesión está prevista la declaración en la sala del tribunal del dueño de la casa donde vivía Diego, quien escuchó todo lo sucedido y escuchó los disparos y las voces de los policías. El gobierno del país asiático reconoce más de 6.000 muertes “extrajudiciales” en este contexto. La de Diego, después del juicio, podría seguir engrosando esta lúgubre nómina.
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