Los partidos independentistas están decididos a llevar hasta el final su batalla contra el supuesto ‘lawfare’ -persecución judicial por motivaciones políticas- hasta el Congreso. Después de que los socialistas aceptaran esta terminología en su acuerdo con Junts per Catalunya, para la investidura de Pedro Sánchez, los separatistas se han lanzado a recuperar una serie de comisiones de investigación que ya impulsaron, sin éxito, en la pasada legislatura. ERC, Bildu y BNG han registrado este jueves un informe específico sobre el caso Pegasus, relativo a un presunto espionaje del Estado a secesionistas.
La izquierda independentista no quiere quedarse atrás y sigue la estela de Junts y el PNV, que ya han registrado comisiones de investigación separadas por los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) y por la conocida como Operación Cataluña, supuestamente creado para desacreditar a los políticos independentistas. Ambos ya fueron calificados el martes por la Mesa del Congreso, con el voto en contra del PP. Junts incluye los atentados yihadistas en territorio catalán en el supuesto ‘lawfare’, porque abraza una teoría conspirativa que vincula al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el imán de Ripoll (Gerona), Abdelbaki Es Satty, que fue el cerebro del 17A .
(EN EXPANSIÓN)
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