Este viernes, Sumar presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y a los miembros conservadores de la organización por su “inaceptable intromisión” en la función legislativa del Congreso, al autorizar y participar en el pleno extraordinario que derivó en la declaración institucional contra la Ley de Amnistía. Se trata de una acción judicial impulsada por uno de los dos partidos que sostienen al Ejecutivo de coalición al frente de La Moncloa.
En concreto, la denuncia del grupo parlamentario liderado por el vicepresidente segundo, Yolanda Díazacusa a estos miembros del órgano de gobierno de jueces de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa, que supone la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, por promover una resolución “ilegal”, “arbitraria” que excede las competencias del CGPJ.
Tras conocer la denuncia presentada por Sumar, el PP ha censurado al Poder Judicial ante la Unión Europea por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Su portavoz en Bruselas, Dolores MontserratTambién ha atacado el “desvío de poder” de la Fiscalía General del Estado en el ascenso de la ex ministra de Justicia Dolores Delgado y ha pedido a la Comisión que “proteja la independencia de jueces y fiscales en España”.
“Creemos que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los miembros del Consejo General del Poder Judicial”, argumentó, por su parte, el diputado Enrique Santiago, miembro del grupo parlamentario impulsor de esta denuncia, a las puertas del Tribunal Supremo. “Creemos que no se puede permitir esta politización de la Justicia”, añadió en declaraciones a los medios.
La denuncia va dirigida contra los ocho promotores, los integrantes Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macas, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona.
También en contra Wenceslao Olea -que votó a favor- y señala a Guilarte, el presidente, que optó por votar en blanco, como un cooperador necesario para permitir la convocatoria de dicho pleno en el que estos juristas lanzaron su resolución contra la futura ley de amnistía. Es decir, formulan su denuncia contra los diez miembros conservadores del CGPJ.
De hecho, Sumar atribuye a los impulsores de esa declaración arrogarse facultades que corresponden exclusivamente al Tribunal Constitucional, a la hora de pronunciarse sobre un proyecto de ley cuando el texto normativo ni siquiera existía o estaba registrado.
Es más, se queja en su denuncia de que su intención era enviar a los ciudadanos “un mensaje apocalíptico que sólo puede contribuir a una mayor tensión social”, máxime cuando se le dio un carácter institucional.
En concreto, la denuncia se refiere a la aprobación el pasado 6 de noviembre en un pleno de la declaración institucional del CGPJ contra la amnistía que entonces negociaban PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, advirtiendo que su aplicación significaría la “abolición” del Estado de derecho.
Sumar destaca que esta resolución “descalifica e imputa conductas muy graves” al titular del Ejecutivo, que podrían calificarse de “desconsideración entre instituciones”, contradiciendo incluso lo que afirma el CGPJ en sus resoluciones anteriores sobre el Poder Judicial.
“Declaraciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica y que convierten el acuerdo (…) en un acto de crítica política partidista, yendo deliberadamente más allá de la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo”, elabora el grupo parlamentario que , Cuestiona también la base legal que se siguió para convocar a ese pleno del órgano judicial.
Estándares “futuros”
El grupo parlamentario expone en su escrito que en dicho pleno se excedieron las funciones del órgano de gobierno de los jueces, que además están limitadas por la situación de mandato caducado, y profundiza en que los vocales imputados actuaron por su “voluntad deliberada” “evitar” esa falta de competencia, a pesar de que son juristas con estatus de autoridad por formar parte de una de las principales instituciones del Estado.
Asimismo, en el caso del presidente, destaca que su misión es velar por que todos los miembros del organismo cumplan con las funciones del CGPJ, que en ningún caso incluye evaluar la “conducta de otra autoridad del Estado” (en este caso el presidente). , acuerdos políticos o normas “futuras”.
Por otro lado, Sumar destaca que es “ineludible” que el acuerdo del pleno del 6 de noviembre refleje su decisión de inmiscuirse en una cuestión que afecta a los “intereses generales” emitiendo una “resolución definitiva” y no puede considerarse un “acto político”. ” “.
En línea, destaca que uno de los integrantes, el progresista Álvaro Cuestasolicitó la suspensión de este pleno tras advertir previamente que era “inadmisible” e “ilegal”, y optó por no asistir cuando se celebró.
E incluso sostiene que los medios expusieron que el propio presidente interino vio “prematura” la declaración institucional, que el respeto a la independencia judicial hacía procedente evitar ese pronunciamiento ante una iniciativa legal inexistente y que implicaba una posición a favor de una opción. política.