El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha actualizado el número de beneficiarios de la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ‘la ley del sólo sí significa sí’, y ha planteado 1.233 reducciones de pena y 126 excarcelaciones en aplicación de la norma que entró en vigor el 7 de octubre de 2022. Las reducciones representan el 31,4% de los casos revisados.
Así lo ha informado el órgano de gobierno de los jueces a partir de los datos recabados hasta el 1 de noviembre del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia (TSJ) y las audiencias provinciales. El dato supone un ligero aumento en el número de reducciones y liberaciones, que el pasado mes de septiembre se situó en 1.205 reducciones y 121 liberaciones.
Según los datos facilitados, el Tribunal Supremo ha acordado 32 reducciones de pena -sentencias dictadas en recurso de apelación-, lo que representa el 20,3% de las revisiones a las que se ha enfrentado este tribunal. En cuanto a la Audiencia Nacional, con una única reducción, representa el 14,3% de las revisiones.
En el TSJ el número de reducciones es de 182 y 10 excarcelaciones, el 32,6% de los casos revisados; mientras que las Audiencias Provinciales son donde se registran más expedientes de reducciones, con 1.018 reducciones y 116 excarcelaciones, el 31,8% de los casos revisados.
El CGPJ ofrece los datos desagregados de los distintos TSJ, y destaca el de Madrid a la cabeza de las reducciones con 59, seguido de Andalucía con 25, y Baleares y Cataluña con 16. Le siguen el TSJ de Asturias 10 y la de la Comunidad Valenciana con 8 reducciones de pena, Castilla-La Mancha con 8, Navarra 8, y Aragón y Canarias con 6.
Los TSJ que menos reducciones han aplicado son Cantabria (0), La Rioja (3), Castilla y León (2), País Vasco y Extremadura (3), Murcia (4) y Galicia (5). En cuanto a liberaciones, Navarra 5, Aragón 3, Andalucía 1 y País Vasco 1.
El órgano de gobierno de los jueces aclara que estos datos del TSJ corresponden a resoluciones dictadas en recursos interpuestos ya sea contra sentencias de instancias inferiores o contra resoluciones dictadas por las audiencias provinciales en el proceso de revisión de sentencias.