El nuevo Plan Hidrológico del Tajo «somete a Madrid a un obstrucción de la planificación» porque obliga a la Comunidad a pedir autorizaciones mensuales para el trasvase de agua del río Alberche al embalse de Valmayor, una argumento de la que depende «el 40 por ciento de la demanda de agua de la región» y que hasta ahora se viene haciendo sin problemas en virtud de una concesión que «no finaliza hasta 2061». Es el recapitulación que hacen las autoridades de Medio Bullicio y el Canal de Isabel II del choque de trenes con el Tarea de Transición Ecológica a raíz del Actual Decreto apto en enero con la nueva reglamento. Un texto que Madrid ha recurrido delante el Tribunal Supremo.
El consiliario de Medio Bullicio, Carlos Novillo, lamentaba que no se hubieran aceptado las alegaciones planteadas por la Comunidad de Madrid al Actual Decreto que regula la modificación del Plan Hidrológico del Tajo. Eso llevó a desarrollar un contencioso el 4 de abril delante el Tribunal Supremo. Entonces, se solicitó desde el tribunal documentación sobre el expediente que hubo que completar luego, llegando a la formalización de la demanda el 4 de octubre.
Novillo alertaba que «el agua no se puede improvisar». Por eso, es tan importante para el Canal de Isabel II la planificación, que realizan atendiendo a muchos factores, incluso a las previsiones pluviales a dos abriles paisaje. La concesión para trasvasar agua del río Alberche es fundamental, insisten en el Canal de Isabel II, yuxtapuesto con las del Sorbe y Tajo. Del primero tienen facultado por una concesión el trasvase de hasta 220 hectómetros cúbicos anuales de agua.
Pero en la nueva regulación, se introduce la obligación de que Madrid pida una autorización cada mes para poder continuar con ese trasvase. En el Canal piden seguir cumpliendo la concesión, que está en vigor hasta 2061. Porque pender de una autorización «que se puede dar o desestimar» genera «mucha incertidumbre» y «supone un obstrucción a la planificación», explican desde el Canal de Isabel II, empresa pública que dirige Mariano González Sáez.
Zona de trasvase de agua del río Alberche
al embalse de Valmayor
Zona de trasvase de agua
del río Alberche al embalse
de Valmayor
Desde que la nueva reglamento se puso en marcha, en enero, hasta la término, la Comunidad sólo ha pedido una vez la autorización requerida, y se le ha concedido; apuntan en el Gobierno regional que es una carga burocrática más a añadir a las que ya tiene la autoridad doméstico. «Estamos a desembolso de que, por unos criterios que desconocemos porque no aparecen en el plan, nos puedan opinar que sí o que no a nuestra petición», explicaba el consiliario.
Por otra parte, les sorprende que este requisito de la autorización previa sólo se aplique al caso de Madrid, cuando el Actual Decreto recurrido delante el Supremo asimismo revisa los planes hidrológicos de otras demarcaciones como las del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Uruguayo, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. «Se produce un tratamiento discriminatorio contra Madrid», apuntan en el Canal de Isabel II.
hectómetros
cúbicos de agua es el consumo anual de la Comunidad de Madrid, una signo que se ha rebajado en el postrero prueba. Desde 2005, la población ha crecido un 14 por ciento, pero el consumo de agua se ha limitado en un 19 por ciento.
Otro motivo de disputa es el relativo a los caudales ecológicos, que obligan a desaguar cantidades fijas de los embalses a los ríos para perseverar su nivelación biológico, sin que se tenga en cuenta en el caso de Madrid la singularidad del zona, que concentra casi el 80 por ciento de la población total de la demarcación del Tajo.
En concreto, se incrementaría un 30 por ciento, hasta los 90 hectómetros cúbicos por año, esos desagües, sin que la Comunidad sepa, afirman, en qué datos o examen se basan para fijar esas cifras. Y teniendo en cuenta que 90 hectómetros «equivalen al consumo de agua de 440.000 personas; eso es lo que dicen ahora que hay que soltar al río para respaldar caudales ecológicos».
Igualmente ocurre con el tercer asunto en discordia, la que ha cambiado las normas de depuración, y para la que el Canal ha realizado cuantiosas inversiones –de casi 55 millones de euros las últimas– que «no serán suficientes para los nuevos requisitos» que se exigen. Por otra parte, se elimina en el nuevo plan la opción de que se adapten esos requisitos a las singularidades de determinadas masas de agua, como en este caso serían las de una región muy densamente poblada.
Caudales ecológicos
El Plan, protesta Madrid, exige desembalses obligatorios permanentes y no indica los estudios previos en que se pedestal para aumentarlos. El Tarea dice que lo hace con arreglo a estudios técnicos hidrológicos e hidrobiológicos, y afirma que «su implantación fue precedida de un proceso de concertación, en el que participó el Canal».
Depuración
Cambian los objetivos, y eliminan la posibilidad de adaptar estos a la singularidad de una región tan densamente poblada como Madrid, denuncia la Comunidad. El Tarea alega que son «medidas para el logro del buen estado de las masas de aguas».
Trasvase del Alberche
Está permitido, por concesión que finaliza en 2061, trasvasar hasta 220 hectómetros cúbicos anuales del Alberche a Valmayor. El Actual Decreto impone que se pida una autorización para ello, con carácter mensual. La Comunidad dice que eso les «somete a un obstrucción de la planificación», y denuncian que es «discriminatorio» porque nada más se aplica en Madrid. El Tarea asegura que el nuevo régimen «no modifica el grosor concesional existente». La autorización, añaden, la ampara la Ley del Plan Hidrológico Franquista.
En el Tarea tienen respuesta para cada una de las quejas de la Comunidad de Madrid: en relación con el trasvase, aseguran que el nuevo plan «no modifica el grosor concesional existente para el acopio».
Los caudales ecológicos, aseguran en Transición Ecológica, no se implantan de forma arbitraria, sino que alega a «estudios técnicos hidrológicos e hidrobiológicos» y «su implantación fue precedida de un proceso de concertación en el que participó el Canal». En efectividad, hay constancia de quejas de la empresa pública del agua madrileña sobre este nuevo plan desde que se planteó en mayo de 2022.
La exigencia de que Madrid pida una autorización para poder trasvasar del Alberche a Valmayor «encuentra amparo en la Ley del Plan Hidrológico Franquista», insisten en el unidad que dirige Teresa Ribera.
Y por lo que se refiere a la depuración de las agua su despojos al cauce, son «medidas para el logro del buen estado de las masas de agua», y «no cerca de establecer por el momento objetivos menos rigurosos». En cuanto al coste en inversiones necesario para cumplir con los nuevos estándares, no le parece al Tarea que sea desproporcionado, sobre todo teniendo en cuenta la «disponibilidad de bienes económicos de Canal de Isabel II», y el «reparto de beneficios que realiza anualmente entre su accionariado».
El Tarea de Transición Ecológica remata cualquier discusión recordando que «la Constitución Española otorga la competencia monopolio al Estado sobre código, ordenamiento y concesión de bienes y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma».
En la Comunidad de Madrid, no obstante, siguen dispuestos a dar la batalla porque los cambios introducidos, afirman, pueden perjudicar a los madrileños y suponen un «aventura de tener que hacer restricciones» en el futuro. De hecho, recuerdan, el trasvase desde el río Alberche supone prácticamente el 40 por ciento de la demanda de agua en Madrid cada año. Y esperan que los tribunales les den la razón en sus quejas porque «la autorización previa en una concesión es un tipo de control previo que a nuestro causa, alerta las reglas del repertorio a parte del partido e incorpora un maduro nivel de aventura al sistema».
El procedimiento ahora en el Supremo podría tardar entre año y medio y dos abriles en dirimirse. En el Canal de Isabel II insisten en que con esta modificación «se ha traído un problema donde antiguamente no lo había», y se intenta «modificar por la puerta de detrás una concesión administrativa» de una modo por otra parte «discriminatoria para Madrid».