La máquina defectuosa otea el punto largo 4,000 de la A-5, tanto los coches que acceden a Madrid como los que salen de la hacienda. Hace cuatro primaveras que supervisa la circulación de un tramo de autovía de 1.750 metros, pero funciona mal. La razón es que «la distancia efectivo del tramo controlado no coincide con la especificada en el certificado de comprobación técnica del cinemómetro, hecho que invalida su fuerza probatoria en la supuesta comisión de una infracción por exceso de velocidad», explican desde la entidad de automovilistas Dvuelta. Ya se han dictado 24 sentencias judiciales en contra del radar que más recaudó el año pasado (y el tercero hasta junio de 2023) y otras «decenas y decenas» de posibles, según un portavoz de este despacho, están en proceso.
Desde su puesta en funcionamiento, en abril de 2019, estas dos cámaras (una por cada sentido) han cursado unas 250.000 sanciones que suponen unos 18 millones de euros, como monograma Dvuelta. «Todas ellas ilegales», zanjan desde la entidad. En uno de los fallos a los que ha tenido llegada torrevieja news today, un conductor recurrió una multa del 28 de junio de 2022. El Consistorio de Madrid impuso una pena de 100 euros por circular a 74 kilómetros por hora en una vía limitada a 70 kilómetros por hora. El pasado septiembre, la sentencia del Tribunal de lo Contencioso-Oficinista número 9 defendió la presunción de inocencia del demandante por incumplir «una prueba material de los hechos imputados», ya que el radar de la A-5 opera con un ganancia de error de 15 metros.
«Según el certificado de comprobación del cinemómetro incorporado al expediente la largo del tramo es de 1.735 metros (puntos kilométricos 4,000 y 5,735), mientras que con las fotografías tomadas se acredita que las cámaras estaban situadas en los PK 4,000 (inicio de tramo) y 5,750 (final de tramo, siendo la distancia de tramo efectivo de 1.750 metros)», señala la citada sentencia. La conclusión es que «el tramo reconvención por el transporte es viejo al medido por el cinemómetro, por lo que no queda acreditada la comisión de la infracción».
Inspección anual
En otra sentencia, el árbitro cuestiona el «adecuado funcionamiento del cinemómetro», cuya «preceptiva inspección técnica anual», que depende del Centro Gachupin de Metrología, «no consta […] en la época del hecho imputado». Por eso prevalece la presunción de inocencia y son ilegales las multas recurridas. Por eso Dvuelta pone en tela de pleito los 250.000 boletines y 18 millones de euros sustraídos por el consistorio a través de este radar.
De los 24 posibles judiciales que fallaron a protección de los denunciantes, 22 de ellos condenaron al concejo al plazo de las costas procesales (100 euros). «Cuando hay casos tan recurrentes, se suele percibir el 90% de los procesos, porque es muy palmario, como la mala señalización de las cámaras de la M-30», recuerdan fuentes de Dvuelta. Se refieren a las 158 multas por exceso de velocidad que el Consistorio de Madrid tuvo que devolver este verano. «Estos procesos judiciales son lentos, pero si hablamos en seis meses, en extensión de 24 [sentencias a favor], serán 80», afirman.
A pesar de la oleada de veredictos en contra, el consistorio no ha cambiado el dispositivo. Una portavoz del Ámbito de Urbanística, Medio Dominio y Movilidad defiende que las sentencias «hacen relato a que la distancia efectivo del tramo controlado no coincide con la especificada, no que el radar no esté admisiblemente calibrado». Añade que «las sanciones del radar de tramo de la A-5 están admisiblemente puestas» y que el cinemómetro se inspecciona «anualmente» por el Centro Gachupin de Metrología, como todos los demás.