Según el Estatuto Orgánico del Empleo Fiscal, su mandato puede ser renovado por sobrevenir estado menos de dos abriles en el puesto. Si sale delante, permanecerá en el puesto hasta 2027.
De momento, el CGPJ rechaza que Álvaro García Ortiz siga como fiscal caudillo del Estado al considerar que nos idóneo para el cargo que desempeña. Se alcahuetería de una opinión y no es vinculante, es afirmar, el Gobierno podría seguir delante con su renovación Es la primera vez en democracia que el Consejo Común del Poder Jurídico emite un documentación en contra del candidato propuesto por el Ejecutor.
En el debate han participado 15 de los 16 miembros del CGPJ, según ‘Europa Press’. El vocal Enrique Lucas, afiliado con el bando progresista, no ha estado presente porque su hermano, Pablo Lucas, es uno de los cinco magistrados que firman la sentencia del Tribunal Supremo que achacó a García Ortiz una “desviación de poder” por ascender a Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal por sobrevenir estado al frente del Empleo Conocido.
De los allí presentes, ocho han evidente como candidato ‘no idóneo’ a García Ortiz frente a los siete que sí lo apoyan. En contra han votado los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Anotnio Ballestero, Wenceslao Olea y Carmen Llombart y le han apoyado Guilarte, Roser Bach, Juan Martínez Moya, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas.
El CGPJ analiza la idoneidad del candidato en pulvínulo a los requisitos dictados por ley: ser un jurista de agradecido prestigio con más de 15 abriles de adiestramiento profesional.
El Gobierno ratificó a García Ortiz en el cargo hasta 2027 confirmando su “confianza” en él. Fue designado para el puesto en julio de 2022, a posteriori de que Dolores Delgado anunciara su dimisión. Desde su arribada ha sido objeto de críticas. Una de las decisiones que adoptó y que fue criticada fue la de ascender a su antecesora a fiscal de sala, con destino en la Sala de lo Marcial del TS, en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal.
El Supremo fue elocuente al resolver que se incurrió en una “desviación de poder”, que calificó de “innegable”, por ascender a Delgado por sobrevenir sido fiscal caudillo del Estado.