¿Qué consiguen Junts y ERC al formar grupo propio en el Congreso?


Este miércoles Sumar ha anunciado, en el marco de las negociaciones que mantienen con el independentismo catalán desde las elecciones del 23J, la decisión de trasladar dos diputados a ERC para que pueda tener su propio Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados. Además, se espera movimiento similar del PSOEpero en este caso en beneficio de Junts per Catalunya, según confirman fuentes del Gobierno de coalición. Informes Mariano Alonso.

La cuestión es que, a pesar de que los dos partidos independentistas obtuvieron representación parlamentaria en las últimas elecciones —7 diputados cada uno—, no cumple con los requisitos minimos que establece el Reglamento de la Cámara Baja para contar con un grupo diferenciado en la cámara. Pese a ello, y a la espera de lo que hagan los socialistas, Sumar ya ha dado el paso para permitir a ERC disfrutar de las ventajas de evitar el Grupo Mixto, donde se integran en la norma los diputados de las formaciones que no alcanzan el umbral fijado.

Según dicho reglamento en su artículo 23, “los diputados, en número no inferior a quince, podrán constituir un Grupo Parlamentario”. La primera de las condiciones que no cumplen ni Junts ni ERC. No obstante, éste establece que podrán disponer de él aquellas formaciones que, “aún sin cumplir dicho mínimo, hayan obtenido un número de escaños no inferior a cinco y, al menos, el 15 por ciento de los votos correspondientes a las circunscripciones en las que se hayan presentado”. “. candidatura o el 5 por 100 de las emitidas en el conjunto de la Nación”.

Es en esta segunda derivada donde tenemos que farreglar para entender la transferencia de Sumar. ERC no tiene 15 diputados, ni obtuvo el 15 por ciento de los votos en las circunscripciones —todas ellas catalanas— donde presentó su candidatura, ni el 5 por ciento de los emitidos a nivel nacional. Por este motivo, el partido de Yolanda Díaz ha cedido a su diputada por Gerona, Jùlia Boada, y al de Tarragona, Félix Alonso, para que en el momento de la inscripción puedan cumplir la segunda de las condiciones (el 15 por ciento de los votos en las circunscripciones donde presentó su candidatura) que marca la pauta.

Las ventajas de agruparse

El movimiento de Sumar no es nuevo. Estos bailes de escaños que permiten a formaciones que no cumplen los criterios constituir su Grupo Parlamentario ya se produjeron en legislaturas anteriores. Su validez responde a una iinterpretación flexible de la norma por la Mesa del Congreso, ya que el reglamento no hace referencia explícita a la medida.

Así, a través de ello, las partes acceden a una serie de ventajas que no podrían disfrutar plenamente si tuvieran que incorporarse al Grupo Mixto, la alternativa que les queda a aquellos que no alcanzan los umbrales establecidos y donde ‘el pastel’ debe repartirse proporcionalmente.

El primero afecta al bolsillo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento, el Congreso pone a disposición de los Grupos “un subsidio fijo, idéntico para todos y otro variable en función del número de Diputados”. El régimen económico de la Cámara, actualizado el pasado mes de junio, fijaba un salario mensual de 30.346,72 euros, además de un variable de 1.746,16 euros por diputado. De acuerdo a esto, ERC recibirá más de 46.000 euros al mes en la próxima legislatura tras el apoyo brindado por los de Yolanda Díaz.

Pero, más allá de la variante económica, contar con un Grupo Parlamentario es muy relevante a la hora de tener una mayor presencia en el debate político. La formación que logra constituirlo garantiza su presencia en todas las comisiones parlamentarias y la Diputación Permanente, un representante en la Junta de Portavoces y la capacidad de intervenir en igualdad de condiciones respecto del resto de los Grupos —con independencia del número de diputados— en los debates de la Cámara Baja.

Junto a esto último, también es necesario destacar como elemento importante a la hora de incidir en la agenda, la mayores capacidades para entrar en la cuestión cuotas e interpelaciones al Gobierno durante la sesión de control, o incorporar propuestas no jurídicas en el Pleno.

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