Nueva maniobra del polémico corregidor de Orense contra la liberación de prensa. Posteriormente de diversos episodios de vetos a periodistas y medios de comunicación, Gonzalo Pérez Jácome quiere que el pleno municipal apruebe este viernes un protocolo para intentar acallar a los profesionales y empresas del sector críticos con su trámite. Este jueves, tanto la Asociación de Periodistas de Galicia (APG) como el Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) han puesto el lamento en el firmamento por una iniciativa que consideran que «abre la puerta» a una «censura indirecta» de las cabeceras que no sean del gozo del regidor.
El documento promovido por Jácome, recogido por Europa Press, consta de tres puntos «para la defensa de una información exacto en los medios de comunicación». El primero reclama que el Junta se manifieste a protección de la certeza periodística «con un compromiso de defensa justo de sus concejales» frente a «prácticas que puedan suponer conductas delictivas». En segundo zona, insta a elaborar «un protocolo de comportamiento frente a informaciones lesivas para cualquier concejal, trabajador o la institución misma». Y, por postrer, pide que el Concello orensano «se abstenga de contratar a medios de comunicación que hayan sido condenados por incurrir en conductas de las anteriores descritas».
Pero las asociaciones de periodistas ayer citadas creen que esta maniobra no es otra cosa que una nueva «persecución» de los profesionales de la información y de las empresas del sector «que Jácome considere críticos con su trámite y la de su corro». Y lo haría, en este caso, con una fórmula para impedir que el Concello de Orense contrate o financie a las cabeceras díscolas y críticas con él.
Jácome quiere ser magistrado
Eso es lo que tanto la Asociación de Periodistas de Galicia (APG) como el Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) concluyen que esconde esa fórmula que pretende aprobar Jácome en el pleno, arrogándose el Consistorio el poder de «enjuiciar la certeza de la información y de lanzarse si esta es lesiva o no». Y responden al corregidor que «son los tribunales los únicos que pueden cualificar una información como delictiva, y, en su caso, la propia comunidad periodística, a través de los órganos de autorregulación de los que se dote».
«Sorprende que el corregidor de Orense desconozca o no tenga claro a estas cielo este axioma, solo sometido a las excepciones perfectamente definidas y reguladas en el ordenamiento forense válido», argumenta la APG en relación al artículo 20 de la Constitución española que ampara la liberación de prensa. Y, en cuanto al tercer punto de la moción, el CPXG recuerda al corregidor que «cualquier contratación pública está sometida al ordenamiento forense, especialmente a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Notorio, que señala los motivos para excluir a una empresa, entre los que no se encuentran los que pretende aplicar Democracia Ourensana», el partido de Pérez Jácome.
Esta iniciativa es un nuevo movimiento del corregidor contra la prensa crítica, pues como recuerdan estas asociaciones, han sido ya numerosos los «vetos, ataques y desprecios reiterados a cualquier periodista que publicara información que no fuera de su gozo«. Son »formas inaceptables del corregidor de Orense —recalca la APG—, que resultan inéditas en más de cuatro décadas de convivencia democrática en la sociedad española».