El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha remitido un documento a los embajadores de España en todos los países de la Unión Europea con los argumentos que tienen que emplear en estas capitales para obtener su apoyo de cara a que se reconozca la oficialidad de catalán, vascongado y gallego.
El texto, según han indicado desde estas embajadas a Europa Press, enumera todos los motivos de por qué la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el régimen lingüístico de la UE, como pidió el Gobierno el pasado agosto, no sentaría ningún precedente y recalca la voluntad de España de contraer el coste que esto pueda suponer.
Albares reconoce a los embajadores que entre los socios comunitarios hay «dudas» sobre la posibilidad de que de darse luz verde a catalán, vascongado y gallego pudiera «originar un precedente para otras lenguas regionales» que se hablan en los estados miembro.
Para solventarlas, recuerda que la propuesta original de agosto ha sido mejorada, con la inclusión de un anexo en el que se expone al detalle la «especificidad del caso castellano» para demostrar así el aval de los Veintisiete y se fijan una serie de condiciones que «ninguna jerga distinta del catalán, el vascongado y el gallego cumple hoy».
Requisitos a cumplir
En concreto, se plantea que la jerga sea originaria de un Estado miembro, lo que excluiría por ejemplo el ruso que se palabra en algunos países, y que cuente con inspección constitución en ese Estado.
Asimismo, para poder conseguir la oficialidad en la UE, la jerga en cuestión tiene que ser de trabajo en el Parlamento doméstico, poco que ya cumplen ahora catalán, vascongado y gallego en el Congreso y el Senado.
Incluso debe cumplirse con el requisito de haberse usado durante más de 10 abriles en las instituciones europeas en colchoneta a acuerdos admnistrativos entre las mismas y el Estado miembro, poco que ya ocurre con las tres lenguas cooficiales, y que los tratados de la UE se hayan traducido a dicha jerga y se haya depositado una copia certificada en los archivos del Consejo.
Por posterior, el Gobierno plantea que el Estado miembro que solicite la inclusión en el reglamento lingüístico de la UE de una jerga debe comprometerse a contraer todos los costes derivados del uso de la misma, como ya ha hecho España.
En relación a esta cuestión, el ministro explica a los embajadores que el Gobierno está a la calma de percibir el documentación solicitado a la Comisión Europea sobre la estimación de costes.
Con todo, deja claro que puesto que España está dispuesta a asumirlo, «el documentación sería a mercadería de posterior implementación». El Gobierno no ha querido dar en ningún momento una estimación concreta, más allá de apuntalar que sería una signo «asumible» por las arcas del Estado.
El tema se abordará de nuevo el 12 de diciembre
Donado que la propuesta española ha sido incluido como un punto del día en el Consejo de Asuntos Generales (CAG) del 12 de diciembre, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la presidencia española del Consejo de la UE, Albares quiere que los embajadores en los estados miembro le hagan aprender el «resultado de sus gestiones» para obtener el apoyo ayer del 6 de diciembre.
Esta será la última ocasión en la que el Gobierno podrá tolerar la oficialidad del catalán, el vascongado y el gallego al Consejo, puesto que el próximo 31 de diciembre abandonará la presidencia rotatoria, que pasará a ostentar Bélgica.
Para que catalán, vascongado y gallego se sumen a las 24 lenguas oficiales que hay en la UE es necesaria la unanimidad de los Veintisiete. El Gobierno ha insistido en todo momento en que ningún socio se ha opuesto rotundamente a la petición española, pero han sido varios los que han planteado dudas sobre las consecuencias que un paso de este tipo podría tener.
Desde que el 17 de agosto Albares trasladó formalmente la petición española al Consejo de la UE, cuya presidencia paradójicamente ocupa España, el asunto se ha tratado ya en tres ocasiones en el CAG. Las dos primeras, el 19 de septiembre y el 24 de octubre, fue el propio Albares quien acudió a Bruselas para defender los argumentos del Gobierno.
En esta última reunión se acordó pedir a la Comisión Europea evaluaciones sobre el impacto financiero, procesal y práctico que el inspección de las tres lenguas tendría para el conjunto de la Unión Europea, una tarea que Bruselas se ha ofrecido a coordinar con el resto de instituciones y que España estima que no estarán listos ayer de «dos o tres meses». El asunto volvió a plantearse, aunque muy brevemente, el pasado 15 de noviembre, simplemente para dejar constancia de que no se ha cerrado pero sin debatirlo.