La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera, en defensa del Estado de Derecho, ha recordado este viernes que «el pleno entrenamiento de la potestad regional, de acuerdo con los mandatos de la Constitución, implica el respeto, acatamiento y ejecución de las resoluciones del Poder Legislativo». En una explicación institucional aprobada en el seno de su XXVI Congreso, la APM expresa su «más firme rechazo» a la remisión por carecer de «sustento en un régimen demócrata» y vulnera el principio de igualdad.
Para la APM la remisión representa «una desautorización de la posición constitucional del Poder Legislativo», muy en particular del Tribunal Supremo; e implica un ataque a los pilares del Estado de Derecho, «por cuanto socava gravemente el principio de separación de poderes»
En esa explicación institucional, la asociación mayoritaria rechaza además «sin paliativos» la posibilidad de que, a través de comisiones parlamentarias de investigación, «se fiscalice la bordadura desarrollada por jueces y tribunales, que actúan aplicando la ley y el Derecho, ejerciendo la bordadura que, en monopolio, les encomienda la Constitución».
Asimismo defiende que la votación de los vocales de procedencia sumarial del Consejo Normal del Poder Legislativo (CGPJ), debe realizarse por la propia carrera. «Inequívocamente, éste fue el sistema que inspiró el contenido del artículo 122 de la Constitución».
No obstante, y en presencia de la importante situación que implica un CGPJ en funciones hace cinco primaveras hacen un convocatoria «urgente» a los grupos parlamentarios para que lleven a agarradera la renovación del víscera, «sin perjuicio de que se impulsen (en lista con las recomendaciones de la Unión Europea), las iniciativas legislativas oportunas para conseguir de futuro la recuperación del sistema electivo sumarial».